Omar Gómez Trejo, el fiscal del caso Ayotzinapa, sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, renunció a su cargo este martes "por diferencias" con los procedimientos, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión", detalló el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en referencia a los recientes movimientos de aprobación y cancelación de órdenes de detención de presuntos implicados desde la publicación del más reciente informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia para el caso.

Se reporta que el fiscal presentó su dimisión después de que personal de la Fiscalía General de la República, cancelara sin consultarle 21 órdenes de detención, 16 de las cuales corresponden a miembros del Ejército, porque no aparecían en el informe del caso.

Si bien, Gómez Trejo, que había sido designado en junio de 2019 como fiscal para el caso y había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos, había tenido choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Asimismo, el fiscal había sustentado el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

No obstante, hasta el momento, ni Gómez Trejo ni la FGR se han manifestado públicamente sobre la dimisión del primero. Por su parte, López Obrador anunció que se nombrará pronto a alguien que sustituya al fiscal y quiso enviar un mensaje de confianza a las familias de los 43 estudiantes.

"Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia”, dijo el mandatario.

En ese sentido, diversas fuentes afirman que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

Como resultado, la Comisión para la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa versión al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.

Con información de EFE