Con cambios de última hora, reducen de 20 a 12 años de prisión a servidores públicos que no informen ni denuncien este delito
Aunque en lo general se votó por unanimidad con 456 votos a favor de todos los partidos, en la discusión en lo particular los legisladores se dividieron y la oposición votó en contra en el pleno de la Cámara de Diputados de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
En un paquete de reservas que presentó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, propuso modificar el dictamen y en lugar de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de castigar con una pena de 10 a 20 años de prisión a los funcionarios públicos omisos y “cómplices” en las indagatorias de este delito, sugirió que la pena sea de sólo de 5 a 12 años.
