Las controversias de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la política energética de Andrés Manuel López Obrador son la primera gran prueba de fuego para el TMEC, un proceso que podría ser largo y dar pie a la imposición de aranceles a México, pero en el peor de los casos, que el país perdiera inversiones si no llega a un acuerdo.

Según la firma suiza UBS, en el mejor de los casos las partes lograrían resolver la cuestión en la fase de consultas, es decir, hasta el 3 de octubre, pero en esta ocasión no les parece muy probable, ya que entra en juego el componente ideológico en el debate de fondo, con puntos de vista diferenciados sobre lo que se negoció en el tratado.

“Estados Unidos y Canadá se sienten cada vez más incómodos con la política energética de México. Su invocación del mecanismo de solución de controversias del TMEC supone la primera gran prueba de fuego para el tratado desde que entró en vigor hace dos años”, explica.

La firma estima que su escenario base es que ambos países pedirán que se convoque un panel de solución de controversias, el cual deberá emitir un dictamen sobre si México ha incumplido las obligaciones derivadas del TMEC, que podría ver la luz en el segundo trimestre de 2023.

Sin embargo, expone que el proceso de solución de controversias podría dar pie a la imposición de aranceles a modo de represalia contra México, pero las repercusiones irían más allá del sector energético y podrían afectar a una amplia variedad de productos mexicanos, entre ellos las exportaciones agrícolas y de automóviles.

Asimismo, las políticas energéticas de México podrían contravenir otros tratados internacionales como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), lo que conllevaría el riesgo de que otros países también presenten reclamaciones.

Sin embargo, para UBS el mayor costo potencial para del país en caso de no resolverse la disputa provendría de las oportunidades de inversión perdidas, ya que perdería su atractivo como centro manufacturero y la posibilidad de aprovechar el nearshoring.

“El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que la reubicación de las cadenas de suministro podría aumentar el valor de las exportaciones anuales mexicanas en 35,300 millones de dólares. No obstante, la disputa comercial podría empañar la valoración que puedan hacer los inversores sobre México como destino para acercar la producción, y una cantidad insuficiente de inversiones en el sector energético podría entrañar problemas para la disponibilidad de la energía en los próximos años”, expone.

La firma también considera que las consultas y el posible dictamen del panel podrían servir para poner de manifiesto la importancia de la inversión e innovación del sector privado en el mercado energético.

“México se encuentra en una posición privilegiada para aumentar su peso económico en la región, ya que el sector manufacturero norteamericano se acerca cada vez más al consumidor. A nuestro juicio, si el país desea beneficiarse al cien por ciento de esta tendencia, tendrá que ser capaz de ofrecer una energía limpia, fiable y asequible”, añade.

Y es que si bien el TMEC podría ser la pieza clave para fortalecer los lazos económicos con Norteamérica con el fin de impulsar el crecimiento y aprovechar las nuevas oportunidades de inversión, la incertidumbre normativa podría sembrar dudas en muchos inversores.

“La preocupación acerca de la probabilidad de que el difícil clima de inversión tenga repercusiones duraderas para el crecimiento potencial implica un riesgo para las calificaciones crediticias de México, al mismo tiempo que supone una oportunidad perdida para el país”, considera.

Con información de Forbes