Pemex debe concentrar sus recursos en las actividades de exploración y producción de petróleo y no en la compra de empresas como lo ocurrido con Agronitrogenados, dijo Carlos Elizondo, exconsejero de Pemex, para La Silla Roja.
"Mi perspectiva ha sido y fue, durante toda mi participación en el Consejo (de Pemex), que Pemex debe concentrar sus recursos (en) las actividades de exploración y producción (que) tienen mucho más valor que transformación de hidrocarburos, petroquímica y refinación", detalló el también especialista sobre la venta de la productora de fertilizantes, Agronitrogenados a Pemex., en 2014.
Esto, luego de que en mayo pasado, las autoridades dieron a conocer que presuntamente dicha compañía, entonces propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), fue comprada a sobreprecio por parte de Pemex, dirigida en ese tiempo por Emilio Lozoya, pese a ser una planta chatarra sin operación.
"Parece que sí (se pagó mucho más por Agronitrogenados)", añadió el también académico en la charla con Enrique Quintana, Leonardo Kourchenko y Víctor Piz.
"Hacernos de nuevas plantas a mí me parece equivocado", agregó.
"El dinero mejor usado para una empresa petrolera como Pemex es tratar de desarrollar el negocio rentable que es exploración y producción", abundó.
En 2014, PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, firmó un contrato con Agro Nitrogenados (ProAgro) para la compra de activos, y la rehabilitación de los mismos. Con esto, Pemex obtuvo la planta de Pajaritos, Veracruz. El proyecto significó una inversión de hasta 475 millones de dólares, según la petrolera.
Un mes después de la adquisición de Agro Nitrogenados, Altos Hornos de México (AHMSA) transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, según una investigación de Quinto Elemento Lab.
"Lo que encontramos fue una transferencia de 3.5 millones de dólares que consideramos está relacionada con un posible cohecho en relación de la venta de la empresa de Agro Nitrogenados", agregó Nieto en entrevista con Javier Risco en mayo pasado.
El titular de la UIF agregó que "la planta tenía 30 años de haberse construido y 14 años en desuso, cuya maquinaria era obsoleta, y la venden a 10 veces su valor".
La transacción equivale a la cantidad que Lozoya pactó para adquirir una vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas Bezares, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde se negociaron supuestos sobornos a cambio de contratos en una refinería en Tula, Hidalgo, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en 2017 que la adquisición de Agro Nitrogenados por parte de Pemex, así como la rehabilitación de la planta de Pajaritos, no se tradujo en beneficios financieros para la compañía, sino que originó diversos problemas con la operación como fallas en los evalúos, el 60 por ciento de la maquinaria era inservible, falta de control en el presupuesto y aumentos injsutificados de gastos.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por la rehabilitación de los activos y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió un oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira, quien fue detenido en Mallorca; sin embargo, la jueza federal Luz María Ortega Tlapa concedió una suspensión provisional de la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex.
Familiares y colaboradores de Lozoya tramitaron también amparos contra su posible detención. Aunque fueron aceptados, tuvieron que pagar 100 mil pesos para hacer efectiva la suspensión provisional.
Esta investigación es la primera de alto perfil iniciada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia de México en diciembre con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina.
