La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas, a dos fondos buitre. Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública.
La resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518 euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
Aunque la sentencia aún se puede recurrir (el tribunal da un plazo de 15 días), todos ellos han sido condenados a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) debido a que los responsables municipales eran a la vez "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta. A Fermín Oslé, que ostentaba el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, el Tribunal le condena además a abonar otros tres millones de euros.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan: "Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa". La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.