Madalaine Caracas, estudiante de Comunicación de apenas 20 años, tomó el micrófono y uno a uno leyó frente al presidente Daniel Ortega la lista de universitarios asesinados durante la dura represión ordenada por el mandatario en Nicaragua, que ha dejado cerca de 60 muertos. “¡Presente!”, gritaban los jóvenes convocados este miércoles en la sala al escuchar el nombre de cada muerto. Ortega los oía sin inmutarse. El otrora hombre fuerte de Nicaragua quedaba desnudado en una mesa de diálogo convocada por la Iglesia para encontrar una salida a la profunda crisis que sufre este país centroamericano, en la que se demostró, sin embargo, que el mandatario está solo, debilitado, acorralado, pero dispuesto a aferrarse a la violencia como única alternativa para mantener el control del poder.
Ortega intentó imponer en la apertura del diálogo temas económicos como la reforma a la Seguridad Social que desató en abril la crisis, pero los obispos no permitieron hablar a su delegado, el asesor económico Bayardo Arce, quien establecería la agenda del Ejecutivo. Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal, marcó el tono de la reunión al tomar la palabra y exigir al presidente que ordene el cese de la represión contra las protestas pacíficas que exigen su salida del poder y que “retirara la policía a sus cuarteles”. “Ha comenzado una revolución no armada”, dijo el obispo. “Si usted quiere desmontar esa revolución, no va a ser a fuerza de balas”, advirtió Mata.
Por primera vez en 11 años de mandato, acosado por la presión popular que exige su salida del poder, Ortega daba la cara ante un centenar de personas que se plantaron en el diálogo con exigencias específicas para el mandatario, entre ellas la justicia para las víctimas de la violencia desatada por el Estado. Ortega llegó a la mesa seguro de que podría imponer una agenda que atrajera la atención del sector empresarial, con quienes durante más de una década ha mantenido una relación de “consenso”, tomando decisiones a puerta cerrada sobre temas claves para el desarrollo económico del país. Esa relación era clara: Ortega se hacía con el control del Estado, destruía las instituciones democráticas, acallaba las voces críticas y amenazaba a la sociedad civil, mientras daba concesiones que mantuvieran satisfechos a los empresarios.
Ese esquema se rompió en abril, tras la fuerte represión. Varios empresarios consultados por EL PAÍS al final de la sesión dijeron que Ortega se equivocó al no abordar el grave deterioro institucional que sufre Nicaragua tras más de una década de mandato del exguerrillero sandinista. “Ortega vino a incrementar la crisis del país. Dudamos de que las intenciones del diálogo sean en base a lo que hemos expuesto. Hemos sido claros: debe haber justicia, que paguen los culpables y que haya seguridad para la población que se manifiesta”, agrega Michael Healy, presidente de la Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC).