La Ley de Seguridad Interior, la norma que perpetúa el uso policial del Ejército en México, ha entrado en vigor este jueves por la tarde, después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente, Enrique Peña Nieto, ha informado de ello horas antes, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Peña ha dicho que es "consciente" de que la normativa "es especialmente sensible para la vida pública del país" y que por ello no la aplicará hasta que "el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad".

El colectivo Seguridad Sin Guerra, que integra a 250 asociaciones de la sociedad civil, ha divulgado un comunicado crítico con el anuncio del mandatario. La promesa de no aplicar la ley "es una simulación más en este penoso proceso", reza el texto. "El proyecto de ley está revestido de elementos de opacidad que permiten el uso discrecional y permanente de las Fuerzas Armadas para realizar acciones que pueden lesionar derechos humanos". La ONU y la OEA también se han mostrado críticos con la norma.

La semana pasada, el Congreso mexicano aprobó el texto, después de jornadas de discusión maratónicas acerca de su conveniencia. El PRI, el partido verde y cinco diputados rebeldes del PAN sacaron adelante la normativa ante las protestas de la oposición. Los detractores defienden que es una ley militarista, que prolonga el estado actual de las cosas, con el Ejército en la calle, haciendo el trabajo de la policía. Además, dicen, no prevé una retirada de los militares a lo cuarteles o un fortalecimiento de los cuerpos policiales.