Laura Plascencia Pacheco (LPP).- Gracias, agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, a esta rueda de prensa y en especial a mis compañeras diputadas, Ruth Tiscareño, del estado de San Luis Potosí, Fabiola Rosas de Tlaxcala y Jazmine Bugarín de Nayarit.

El motivo de esta rueda de prensa es para denunciar públicamente la corrupción y el abuso de poder del gobierno municipal de Guadalajara, encabezado por Enrique Alfaro.

¿Qué está pasando actualmente en Guadalajara? Un predio municipal, propiedad de las y los tapatíos, habrá de ser vendido a un particular para generar vivienda.

¿Qué problemática estamos denunciando hoy ante los medios de comunicación? Primero, el artículo cuarto constitucional, establece que todos los ciudadanos mexicanos tendrán derecho a la salud y tendrán derecho a un medio ambiente sano.

En el caso de Guadalajara, el presidente municipal, va a realizar un cambio de uso de suelo, en el parque mejor conocido como el “Deán”, un espacio público, que es propiedad de las y los ciudadanos y lo grave no solamente es eso, lo grave, no únicamente es que ponga en venta el patrimonio de las y los tapatíos.

Sino que ese predio está contaminado, ese predio ha dejado de funcionar, anteriormente era un espacio, una planta de transferencia de basura, como todos ustedes conocen, en el marco jurídico mexicano, prohíbe que cualquier gobierno, sea del orden que sea, gobierno estatal, municipal o federal ponga a disposición o en este caso a venta de un particular un terreno contaminado.

Un terreno que pone en riesgo la salud de las y los tapatíos, que habrán de adquirir, esas más de seis mil viviendas, hoy vemos un conflicto de interés, totalmente evidenciado en el caso de Guadalajara, y que dicho sea de paso, Guadalajara tiene un déficit de arbolado, un árbol únicamente por cada ciudadano, en ese municipio.

Quiero compartir con ustedes, porque probablemente el presidente municipal y su equipo no lo conocen, lo que estipula la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en su artículo 71, a la letra dice:

“No podrá transferirse la propiedad en sitios contaminados, con residuos peligrosos”. Este terreno público, este terreno municipal, habrá de ponerse a la venta a un particular, en un proceso de total opacidad y de total corrupción.

Pero no solamente eso, si no que no hay un dictamen que acredite que el espacio es digno o cumple con los requisitos, para poder ser enajenado, por otro lado, el artículo cuarto y quinto, de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, señala que toda la planeación de los tres órdenes de gobierno, debe de priorizar, precisamente los derechos humanos a la salud y derecho a un medio ambiente sano.

Lo que el día de hoy denunciamos ante los medios de comunicación, es precisamente un exhorto que presentamos ya, a la Comisión Permanente, las diputadas y los diputados de la Fracción del PRI de Jalisco, precisamente, para que desde el seno de este Congreso de la Unión, se le exija al presidente municipal, Enrique Alfaro, que conserve y no venda la propiedad que es pública.

Que no haga negocio público ni negocio personal con sus amigos, a través de un predio que es de las y los tapatíos, pero que tampoco venda un terreno municipal para la construcción de viviendas, cuando no hay un dictamen técnico, que realmente deje claro que ese predio tiene todas las condiciones para poder ser enajenado.

Ese predio, como les comenté en un principio, era precisamente una planta de transferencia de basura, todos sabemos que los lixiviados que provienen precisamente de las plantas de tratamiento de basura, contaminan el subsuelo, contaminan mantos acuíferos y que no son terrenos propios para la vivienda urbana y mucho menos para vivienda de interés social.

De nuestra parte es todo. Gracias.