Es injusto culpar al Sistema de Justicia Penal, como responsable del aumento en los niveles de criminalidad, aseguró el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, quien sostuvo que generalizar la prisión preventiva oficiosa, sería “un regreso al sistema que ya acreditó su obsolescencia y atentaría contra las garantías de las personas”.

El legislador mexiquense aseguró, que el actual Sistema de Justicia Penal, debe mantener un equilibrio, al preservar las garantías de los inculpados, sin que éstas abran paso a la impunidad, pues consideró que si bien, el nuevo Sistema que entró en vigor hace un año “es garantista, no debe llegar a ser híper garantista”, como lo han señalado algunos actores políticos.

César Camacho consideró que el nuevo Sistema de Justicia obliga a sus operadores a ser más profesionales y más eficaces, por ello, señaló la necesidad, de que el Estado mantenga de manera permanente los sistemas de capacitación, para que cada uno de los eslabones de la cadena del sistema, funcione con apego a la ley.

Recordó que hoy, debe garantizarse la presunción de inocencia del imputado, por ello, existe un catálogo de delitos graves, para que quienes los cometan, sean sujetos a la prisión preventiva oficiosa, pero aclaró que, ampliar esa lista “sería en contra del propio Sistema de Justicia actual”.

Consideró que “lo oficioso facilita el trabajo del investigador, porque de inmediato se pone en prisión al acusado y después se investiga; lo oficioso sería un subsidio a la incapacidad, porque hoy quien lleve un caso ante el juez, en calidad de ministerio público, policía o cualquier otra autoridad, debe estar muy bien capacitado para sostener, ante el juzgador, la validez de las evidencias, los testimonios y toda clase de pruebas, se requiere de un trabajo fuerte y profesional”, dijo.

César Camacho puntualizó que, desde la aprobación del nuevo Sistema de Justicia, hace nueve años y hasta hoy, no ha sido suficiente el tiempo para la capacitación con suficiencia de policías preventivos, policías de investigación, agentes del Ministerio Público, peritos, fiscales, jueces, y hasta quienes aplican

las sanciones carcelarias, por lo que deben permanecer vigentes, los programas de actualización en la materia.

El líder priista en San Lázaro, calificó, como “muy buena la reforma constitucional, todas las subsecuentes, para la adopción de este nuevo Sistema de Justicia”, y consideró que ésta no tiene marcha atrás, porque, además es congruente con la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en 2011.

Recordó que, con el sistema anterior, inquisitorio y cerrado, se cometía una serie de vejaciones en contra de los inculpados, a quienes, de entrada, se les consideraba presuntos responsables y de inmediato se les encarcelaba para seguir el juicio.

Hoy a pesar de que existe un catálogo de delitos considerados graves para que se les imponga prisión preventiva oficiosa, como es homicidio, violación, trata de personas o delitos contra la salud, las conductas que no están entre éstas, pueden ser motivo de prisión preventiva, cuando un juez lo determine necesario, por la peligrosidad o la gravedad de la forma en que se cometió el delito, entre otros criterios.

César Camacho reconoció que en los ocho años que hubo de vacatio legis, desde que se aprobó la ley hasta que entró en vigor, se hicieron inversiones importantes en infraestructura, en capacitación y en la adopción de sistemas tecnológicos.

Concluyó al señalar que el nuevo Sistema de Justicia es un gran avance cultural, jurídico de grandes proporciones que corresponde a un país democrático como México, pero también se debe insistir en contar con una mayor capacidad para realizar investigaciones exitosas y proceso apegados a derecho.