Senador Arturo Zamora Jiménez (AZJ).- Solamente para compartirles a ustedes que -como están enterados- el lunes pasado el presidente del PRI, Enrique Ochoa, presentó ante el Senado de la República una solicitud para que se envíe,  por parte del presidente del Senado, una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se inicie la acción prioritaria o la acción preferente de la controversia constitucional que en su momento presentó la Procuraduría General de la República en contra de actos de tres entidades federativas.

 

 

En este sentido compartir nuestra gratitud, como legisladores del PRI -tanto diputados, como senadores-, al presidente de la Mesa Directiva, al senador Roberto Gil Zuarth, porque el día de ayer, por la noche, ya entregó este documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo precisamente que lo tomen en consideración para que se dé el trámite previsto por el artículo 94 de la Constitución General de la República, que establece que cuando existe una posible afectación de carácter social, se pueda dar prioridad en las resoluciones a este tipo de asuntos.

 

 

Queremos compartir con ustedes este anuncio que nos complace; además, le agradecemos al propio presidente de la Cámara de Senadores, el senador Roberto Gil Zuarth, el que haya dado un cauce prácticamente en los mismos términos de prioridad, a esta solicitud que muy amablemente le presentamos el lunes pasado.

 

 

Pregunta (P).- ¿Confían en la sensibilidad de la Corte, que hará caso a este llamado que ustedes están haciendo para que les dé este trato preferencial a estos recursos de inconstitucionalidad?

 

 

(AZJ).- El trámite está previsto en la Constitución y las causales también están plenamente determinadas. En este sentido, nosotros consideramos que es uno de los temas a los que habría que darle cauce, fundamentalmente porque en el caso de Quintana Roo, en la tercera semana de septiembre habrá cambio de gobierno; en el caso de Chihuahua en la primera semana de octubre habrá cambio de gobierno; y el primero de diciembre en el caso de Veracruz.

 

 

Esa es una de las razones que permiten tener como base que podría tomarse como prioritario este trámite, habida cuenta que estos acuerdos o pasos legislativos que se dieron en esas entidades, están contrariando ocho disposiciones del régimen transitorio de las leyes en materia de combate a la corrupción, que fueron promulgadas por el Presidente Peña Nieto.

 

 

P.- ¿No se trata de una cacería hacia los gobernadores de su partido, desde el propio partido?

 

 

(AZJ).- El presidente del partido, cuando tomó posesión de su cargo, en el discurso claramente lo dijo: “debemos combatir la corrupción, el combate a la corrupción va en serio; debemos promover la transparencia y la rendición de cuentas”.

 

 

El propio presidente de nuestro partido ha dado un paso adelante al solicitar este trámite. De ninguna manera se trata de cacería de brujas, es un trámite previsto en la Constitución.

 

 

P.- ¿Hay algún precedente? ¿Cuánto tendrían ahorita para resolver esto en la Corte?

 

 

AZJ.- En este sentido, por supuesto que no podemos ceñir a los señores Ministros a una decisión temporal; pero, sí podemos pedirles -como ya se les solicitó- que en la eventualidad de amparos que estén presentados previamente, controversias constitucionales que están registradas previamente a esta acción de inconstitucionalidad, le puedan dar prioridad.

 

 

P.- Hoy se publica que esta la PGR ya investigando a Duarte, gobernador de Veracruz. ¿Desde el partido qué van a hacer? ¿Van a esperar a que acaben las investigaciones, si ya se inicia el proceso?

 

 

AZJ.- Nosotros no intervenimos en cuestiones de carácter jurisdiccional. Nuestro partido tiene por supuesto un órgano autónomo, que es justicia partidaria, que en su momento podría llevar a cabo una actuación; pero, es completamente independiente a lo que esté haciendo la autoridad formalmente.

 

 

P.- Ayer, Javier Duarte, en la Conago nos decía que no hay ningún distanciamiento, ni ruptura con su partido, pese a estas acciones.

 

 

AZJ.- De hecho, debemos decir claramente que dos gobernadores -en el caso de Quintana Roo y de Veracruz-, incluso plantearon formalmente solicitarle a los legisladores de estas entidades dar marcha atrás a los actos que motivaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto, por supuesto, también es bienvenido.

 

 

P.- Diputado Marín, si usted me regala un comentario. El coordinador del PAN, en el Senado, Fernando Herrera, acaba de decir que si el INEGI no corrige estas cifras de pobreza, esta metodología que implementó para medir la pobreza en este año, van a exigir la remoción de Julio Santaella. 

 

 

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (JCRM).- Me parece a mí que el senador, en primer lugar, habla sin fundamento.

 

 

Está muy claro, ayer durante la comparecencia pudimos ver cómo el Coneval sí tenía conocimiento de los cambios que pensaba hacer el INEGI; sí tiene posibilidad de establecer -gracias a este trabajo conjunto que van a hacer y que ya estaba previsto- un comparativo de los años anteriores con el nuevo y que el asunto no tomó de sorpresa a nadie, puesto que se había avisado con meses de anticipación e incluso se había solicitado una opinión.

 

 

Yo le recomendaría al coordinador del PAN, que venga a las comparecencias o pida el informe de lo que se dijo en las comparecencias, porque está diciendo exactamente lo contrario a lo que se dijo ayer.

 

 

P.- ¿No tiene fundamento, entonces…?

 

 

JCRM.- No tiene ningún fundamento. Al contrario, creo que aunque tarde, este trabajo coordinado que tienen que hacer dos instituciones fundamentales para el análisis del gobierno, como son el Coneval y el INEGI -lo van a hacer ahora-, están coordinados para que podamos tener no sólo un modelo censal adecuado, sino como necesitamos el comparativo de este modelo y lo que arroje con los años anteriores.

 

 

P.- ¿En su partido no comulgan con este precepto de que se trataban de manosear las cifras de la pobreza para beneficiar al actual Gobierno?

 

 

JCRM.- Creo que de ninguna manera podemos aceptar una imputación con este carácter, porque implicaría dos cosas que no son reales. La primera, la total autonomía del INEGI, que sí existe y es un hecho; y segundo, el interés del Gobierno de engañarse a sí mismo.

 

 

Al Gobierno lo que le interesa es saber cómo va, cómo están aplicándose sus recursos, qué resultados están dando, quiénes de sus Secretarías funcionan, cuáles de sus programas funcionan, en qué entidades sí se están aplicando los enormes recursos que destinamos al combate a la pobreza; entonces, sería una tontería y realmente no le veo tampoco ningún fundamento pretender que nosotros quisiéramos mover las cifras.

 

 

Lo que necesitamos son cifras exactas, reales, y creo que tanto el INEGI, como el Coneval, están obligados a proporcionarlas.

 

 

No es que quieran, esa es su obligación.

 

 

P.- El gobernador de Veracruz decidió dar a conocer sus bienes, a raíz de que se enterara que la PGR había ordenado una investigación acerca de sus propiedades. ¿Cómo ve usted esto, diputado?

 

 

JCRM.- Me parece que la Procuraduría deberá recibir estas aportaciones; pero, lo fundamental es que las presente cuando se la solicite la autoridad correspondiente. 

 

 

Son bienvenidos los gestos políticos de transparencia, pero el caso de Veracruz ya tiene un proceso judicial, que es donde va a tener valor que se presenten las cosas, que se presenten con verdad y que se presenten a tiempo.

 

 

Bienvenido el gesto por parte del gobernador, pero en lo que se refiere al PRI -y lo seguiremos demandando- es que ningún proceso judicial se detenga por razones políticas.

 

 

P.- ¿Entonces, respalda esa investigación de la PGR?

 

 

JCRM.- Por supuesto que respaldamos la investigación de la PGR, porque eso es lo que se necesita; no declaraciones, ni gestos políticos, sino la acción de la autoridad responsable.

 

 

Le piden al PRI que investigue. El PRI no es instancia investigadora; pero, si el PRI impidiera estas investigaciones, haría muy mal. Así que el PRI está totalmente de acuerdo en que cuando cuente con elementos o indicios la Procuraduría, actúe en los términos que está obligada.

 

 

P.- ¿Está en capilla el gobernador?

 

 

JCRM.- Creo que está en una situación sumamente delicada por el tipo de acusaciones que hay y así como lo ha hecho con este gesto, está obligado a responder y dar toda la información que le soliciten.

 

 

P.- ¿Con todos estos elementos, sí es viable la expulsión de las filas del partido?

 

 

JCRM.- Nosotros estaríamos anticipando ahí el resultado de todo esto, creo que el PRI no debe actuar con falta de seriedad en estos asuntos.

 

 

Insisto, la lucha anticorrupción no necesita gestos políticos, necesita la acción, la verdadera acción de la autoridad responsable.

 

 

El principal gesto del PRI -eso es lo que quiso hacer el presidente del partido con esta petición- es no obstaculizar, sino al contrario, exigir la actuación de esa autoridad.

 

 

Muchas gracias.