LA ECONOMIA POLITICA DE LA CORRUPCION

José Gaxiola López *

Un escándalo de corrupción puede desencadenar una crisis política, derrocar a un gobierno. El responsable de la lucha contra la corrupción en México declara con desfachatez e indolencia, que “esta no es grave”, pero el país ha calificado en los últimos 15 años como uno de los más corruptos del mundo. A una distancia de más de 100 lugares de los países fiables como Dinamarca, Finlandia, U.K., Noruega, Suecia, E.U.A, Japón o Nueva Zelanda; muy por debajo de Chile y de Uruguay, peor que Perú y Brasil pese a compartir con estos historia colonial, modelo económico y democrático.

El Banco Mundial (BM) estima que la corrupción tiene un costo anual de 60 mil millones de dólares, representa el 9% del PIB, equivale al 80% de los impuestos recaudados por el gobierno federal, a 4 veces los ingresos por exportaciones petroleras o, por el turismo. Dos de los principales ingresos de divisas al país, junto a las remesas que envían los paisanos. Con datos de la “Encuesta sobre el Costo de la Regulación para las Empresas en México 2007”, el costo de los sobornos a nivel nacional va de 40 mil a 60 mil millones de pesos anuales. La corrupción representa el 25 % de los delitos que sufren las compañías (Coparmex) y junto con la inseguridad, es el principal riesgo para los inversionistas (Foro Económico Mundial). Según el BM, los empresarios en México señalaron que 37% de ellos han pagado hasta el 20% de los contratos a servidores públicos sin recibir servicio alguno, colocando al país como el segundo en América Latina donde ocurre esta situación de soborno. Y que el 77% de las empresas que operan en México han sufrido cuando menos un fraude al año (Encuesta de Fraude y Corrupción en México). De acuerdo al Índice de Opacidad de Price Wáter House Coopers (PWC), estima que el costo de corrupción para las empresas en México es como un impuesto adicional del 15%. Asimismo, por su grado de opacidad el costo para México de pedir prestado aumenta en un 3%.

Del Castillo y Ampudia (2005) realizaron un estudio sobre el impacto del fraude y la corrupción en las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). De acuerdo a sus resultados el 43% de las Pymes realiza pagos extraoficiales a servidores públicos y el 35% lo hace de manera regular. El problema es más frecuente entre las Pymes del sector construcción (39%) y de servicios (31%). En los otros sectores se reduce a 19% en comercio y 11% en manufactura. El costo que significa este tipo de pagos es del 10% de los ingresos anuales totales, supone una cantidad cercana a los 29,700 millones de dólares que representa el 4.5% del PIB. El 31% de las Pymes pagan para agilizar trámites. El 28% lo hace para evitar inspecciones o evadir supuestas multas de inspectores de sanidad, construcción, seguridad, etc. Otro 25% gasta en trámites de licencias y permisos.

Esto es más serio para los hogares mexicanos y una carga económica para la población más pobre del país, son el ultimo consumidor absorbe sus costos y para ellos los aspectos legales son más caros, no tienen manera de derivarlos. Los hogares afirmaron haber dado “mordidas” en promedio del 7% de su ingreso. Pero el promedio oculta la desigualdad en cuanto a cómo repercuten los sobornos en el ingreso de las familias, pues para los hogares que reciben salario mínimo las “mordidas” llegan a constituir 30% de su ingreso. En 2010 la mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos para acceder a 35 trámites y servicios públicos, sumaron más de 32,000 millones de pesos (Transparencia Mexicana TM, 2011) aun así no encuentran  justicia; ni suficientes servicios públicos por lo que la calidad en estas prestaciones afecta directamente su bienestar.

En datos del Latino barómetro del 2013 la corrupción figura entre las tres principales preocupaciones del mexicano con un 6%, distante del 28% que asigna a la delincuencia y del 65% a los problemas económicos. Hoy, a la luz de los acontecimientos hay mayor conciencia de que la corrupción es causa de los problemas económicos y delincuenciales. Inexplicablemente los encargados de la corrupción en México desconocen esos datos, además reduce la tasa de crecimiento económico hasta 1% al año, un gran costo para una nación que ha crecido en las últimas tres décadas al 2.4% anual (Coparmex).

La formación del capitalismo mexicano y su crecimiento económico se explica por la estrecha vinculación con el Estado. Hubo una enorme apropiación descarada de tierras agrícolas, de temporal, de riego, así como de cerros, aguas y agostaderos. En la ciudad se especuló con la urbanización y grandes fortunas nacieron. Durante largos años al obrero le pagaron salarios ínfimos, sin prestaciones y excluidos de seguridad. El control del obrero y del salario pasó por la promoción de las cúpulas obreras, corporativistas y clientelar, clave para la iniciativa privada, el beneficio que le proporcionó fue enorme. Prosperó la inafectabilidad ganadera, nueva forma (a veces violenta) de cacicazgo combatido por la revolución.

Ante la necesidad de comunicación se construyeron carreteras (muchas) no en función del transporte de mercancías y o de personas, sino por la presencia de algún rancho, tierras o propiedades de los políticos. Al tomar la decisión de construirlas el político se enriquecía, lo mismo que el contratista, en varios casos eran de ellos mismos. Los costos de construcción se inflaban, el capitalismo mexicano prosperaba.

Cuando el gobierno compraba o contrataba, una empresa pagaba para ser incluida en la lista de postores precalificados, para obtener información privilegiada. Los sobornos inducían a funcionarios a estructurar las especificaciones de las licitaciones de manera que la empresa corrupta fuera la única calificada que pagaba para ser seleccionada como la ganadora del contrato. Una vez seleccionada sobornaba para obtener precios inflados o reducir la calidad. Las cuantiosas utilidades obtenidas por esta vía se reinvirtieron en otros negocios, una diversificación empresarial sobre la misma mecánica. Porque es más costoso lo que no se tiene, lo que no hay, el país se llenó de cementerios de elefantes blancos, a prueba y error se construyó infraestructura y una clase media dirigente.

A esta acumulación de capital por años le favoreció la evasión fiscal, tolerada a cambio del apoyo político al poder corporativista que dominaba el Estado. El sistema de contratos con el gobierno ha sido fuente importante de corrupción y enriquecimiento. Un porcentaje de los mismos va a parar a los bolsillos de los funcionarios que los aprueban. Los costos de venta, producción, construcción (en muchos casos) inflados, de calidad diferente a la convenida, etc. No solo la industria de bienes de consumo y de la construcción prosperaron al amparo de estos contratos; también la industria de bienes intermedios, servicios y despachos fue impulsada. El mercado dominado por ellos propiciaba la existencia de tecnologías obsoletas; la productividad no importaba. Las utilidades basadas en la transa y en los bajos salarios de una industria sin competencia, con estabilidad de precios y clientes, no interesaban los costos de transporte, almacenaje, la obsolescencia de ferrocarriles y puertos. Se solapaba el robo y el mal uso de recursos, la mala decisión en pérdidas, en eficiencia y distorsión de incentivos. Ni importaban los bajos ingresos fiscales, ni la evasión de impuestos porque las divisas petroleras y las deudas subsanaban los desperdicios, la mala calidad de gestión e improductividad.

La corrupción ha sido un factor que influye en el tipo, forma y extensión de la red de comunicaciones, en la selección de tecnologías, en la educación profesional, en el tipo de agricultura, en los servicios y en la industria, en la calidad y precio de los productos elaborados. El sistema de relaciones de poder formado a lo largo de lustros dio lugar a políticos>empresarios como corolario de asimetrías ilegítimas de información, influencia, impunidad y decisión política. En el fortalecimiento de ese capital a la sombra del estado jugó papel determinante el mecanismo de sustitución de importaciones, bajo el cual florecieron industrias con tecnología obsoleta, barata, pero altamente rentable en México dado al mercado cautivo y, si el cliente principal era el Estado, negocio seguro. Las concesiones tienen igual explicación así como las empresas estatales. Se trata de toda una economía política de la corrupción en nuestro desarrollo económico.

En la economía política, la toma de decisiones en el gobierno es muy importante cuando es adulterada por servidores públicos corruptos. Una decisión deshonesta tiende a falsear la información y los datos. Se suelen aprobar proyectos públicos basados en la capacidad que tiene el funcionario corrupto de extraerle beneficios y no por su necesidad social o regional. Negocios de consultoría se desarrollaron en México para vender acceso a quienes tomaban las decisiones y tenían información que los demás carecían. Sin importar que las decisiones de inversión pública y de tecnología fueran inadecuadas, solo a favor de los especuladores. Mientras a mayor la posibilidad de recibir sobornos, mayor número de proyectos de inversión pública se realizarán, entre más grandes y suntuosos, maximizan la probabilidad de obtener pagos ilegales, incentivos, sobrefacturación etc., Y si los proyectos se retrasan por tortuguismo, los funcionarios aumentarán trámites para incitar dichos pagos. La corrupción se consolida como un intercambio social desarrollado a favor de redes legales existentes en los gobiernos corporativistas. En este contexto, las redes de corrupción ofrecen protección a corrompidos y a corruptores, permiten garantizar que las transacciones clandestinas se lleven a cabo correctamente. Se crea una especie de mercado de la corrupción en donde los corruptos se intercambian asuntos y clientes. Mauro (1995) encontró evidencia de que la corrupción distorsiona la asignación del gasto público, los países más corruptos tienden a gastar menos en proyectos sociales y se desincentiva la formación de capital humano e intelectual. Esta es una vía adicional por la cual la corrupción reduce la tasa de crecimiento de la economía.

En México existen muchas oportunidades para realizar actos de corrupción, cuando los agentes hacen análisis costo/beneficio y de oportunidad y encuentran que éstos son positivamente mayores, se aprovechan. La corrupción como resultado de comparar el pago recibido con el castigo esperado de ser descubierto, aumenta si agregamos a esta combinación la improbabilidad de recibir merecida pena del sistema impune mexicano. En tal patrimonialismo, el funcionario opera como monopolista  maximizando rentas, Van Klaveren (1990). Nada que ver con la satisfacción máxima del consumidor, más bien es un productor que busca la combinación de factores que le permita maximizar utilidades.

Una hipótesis para justificar tal comportamiento, es que en muchos países los servidores públicos son mal pagados. La Porta et al. (1999) y Treisman (2000) no encontraron evidencia econométrica consistente que la apoye. El corrupto siempre quiere más. De esta manera, la función pública se convirtió en fuente ilícita de enriquecimiento privado. El corrupto se apropia de lo público para beneficiarse personal y privadamente. En este proceso los corruptos han logrado ganancias injustas, se han beneficiado de manera indebida, a costa de los demás, quienes a sabiendas o no, pierden (Caiden, 2004). “En México, las autoridades pueden actuar como asaltantes y con mayor impunidad, precisamente por ser autoridades… Ni todas, ni siempre, lo hacen, lo cual le da eficacia al abuso: es selectivo, queda al arbitrio de la autoridad. (…) No vivimos en un Estado de excepción, tampoco en un Estado de Derecho sin excepción” (Zaid, 1995). La teoría económica pretende explicar tal comportamiento también como fenómeno mercantil; el volumen de los ingresos del corrupto depende de la situación del mercado y de su talento para encontrar el punto de máxima ganancia en la curva de la demanda del público. En la formación de precios, el aparato productivo le agrega este gasto que no incide en el proceso de producción, pero indispensable para llevarlo a cabo. Mercados que operan en ambientes ilícitos tienen incentivos a proveer bienes y servicios insuficientes, de menor calidad y más costosos. Por el hecho que la corrupción se usa muchas veces para evitar regulaciones de calidad, de condiciones de producción, de venta y de servicio seguro.

Es usual encontrar análisis que igualan la corrupción a un impuesto. Aunque tanto los impuestos como la corrupción imponen mayores costos al productor, la recaudación de esta última es “privada”, se pierde el potencial uso del recurso en fines sociales. La corrupción es más costosa que un impuesto para la sociedad por el hecho mismo de ser ilegítima. La necesidad de ocultar la corrupción hace gastar al gobierno más recursos para colectarla que un impuesto. Peor aún, la corrupción genera distorsiones sociales y políticas potencialmente mucho más graves que las inducidas por un impuesto. El daño hecho es muy superior al monto del soborno mismo. Evidentemente, la corrupción representa un aumento en el precio de la administración, porque el contribuyente que paga sobornos tendrá que pagarlos varias veces. La diferencia es que, el soborno es imposible evadirlo en comparación con los impuestos, para ello hay toda una tecnología y maña. Al no pagar impuestos corruptamente se están retirando recursos, que por decisión social y ley deberían canalizarse a necesidades básicas colectivas. Para quienes la corrupción es un impuesto sostienen que, siendo la economía de la ley asimétrica y costosa, es necesario comprar una inafectación de su actividad frente a la norma. Se paga un impuesto ilegal, informal, delictivo, que permita sustraerse de la persecución penal y de la aplicación de las normas legales. W. Schwartz (2004) de Georgetown University, sostiene que la corrupción no es un impuesto, Es un Seguro. Explica que en un contexto de economía asimétrica y costosa, se compra una especie de seguro al pagar una mordida que los previene de la persecución de los funcionarios. La mordida es una prima mediante la cual se consigue protección, una especie de seguro por el cual los ciudadanos pueden protegerse de la vigencia de una ley costosa e injusta (según él corruptor).

Tal vez por ello, los organismos de la esfera privada presentan a la evasión fiscal como un gran logro (hecho corrupto a todas luces) pretendiendo transformar tal acto como benevolencia social hacia sus actividades. Parece un Deja Vu, un viejo pacto renovado sexenalmente entre empresarios y gobierno, en el que éste deja a la iniciativa privada caer en ilícitos por evasión fiscal, bajos salarios, pagos al seguro social, etc., a cambio de que aquella deje que funcionarios se conviertan en políticos correctamente corruptos. Con un pacto tácito de este estilo, lógico es que los ingresos gubernamentales no aumenten y si sus gastos y deuda. La consecuencia es una elefantíasis burocrática, un déficit gubernamental espantoso con fuertes presiones inflacionarias. En este relajamiento jurídico crece la economía informal. Personas de bajos ingresos desarrollan actividades económicas para sobrevivir gracias a la ausencia de control fiscal gubernamental. Aquí la evasión de impuestos es una necesidad social, no un acto de apropiación privada de recursos. Hay que distinguir una economía paralela de la economía corrupta; en las dos se evaden impuestos por razones diferentes. De este fenómeno informal también sacan provecho, marcas y empresas, algunas transnacionales.

Algunos autores señalan que el origen de la corrupción es la excesiva regulación del mercado por parte del Estado. Se convierte en factor productivo directamente relacionado con la operación de los mercados. Sus sistemas de precios en los mismos influenciados por información privilegiada, mordidas, extorsiones y sobornos para disminuir  probabilidades de error, pérdidas y costos de oportunidad. Esto permite a los funcionarios públicos capturar cuasi-rentas (mordidas, sobornos) que se derivan de las restricciones impuestas. La corrupción aparece como la manera de esquivar los costos por los errores cometidos por el Estado al legislar. Bajo estas condiciones, la corrupción es positiva en la medida que permite que los mercados asignen de mejor modo los recursos (Leff, 1964). Huntington (1968) declaró “En términos de crecimiento económico, lo único peor en una sociedad con una burocracia rígida, muy centralizada y deshonesta es una sociedad con una burocracia rígida, muy centralizada y honesta” sin el aceite de la corrupción, la economía mexicana se detiene, agrega. A la corrupción se la consideraba el as de la eficiencia económica contra la burocracia pública obtusa. Estos argumentos no tenían en cuenta la eventual necesidad del Estado para mantener el mercado y hacer cumplir el contrato social. Si la corrupción erosiona el poder del Estado puede ser más difícil implementar los tratados, en detrimento de la actividad empresarial y del beneficio. Los argumentos utilitaristas hacen eco en Bernard Mandeville en su Fábula de las Abejas, donde los vicios privados derivan en virtudes públicas, implica que la aceptación voluntaria de los sobornos por una persona incrementa el bienestar del que soborna y del sobornado. ¿Es redistribución de ingresos?

Liu (1985) sobre lo anterior, desarrolla su argumento en analogía con la situación de colas de espera: del mismo modo que un individuo costea muy alto su tiempo está dispuesto a pagar por evitarse la cola de espera, las empresas más eficaces tienen el mayor incentivo a incurrir en actos de corrupción para evitarse los costos impuestos por una regulación en un mercado. El argumento asocia a la corrupción con el elemento de la negociación que permite asignar eficientemente los recursos en un mercado. Se olvida que las distorsiones son impuestas para conseguir más renta en forma de corrupción y no son exógenas, que como mecanismo de asignación de recursos, las colas de espera y la corrupción no son necesariamente los más eficientes en un contexto dinámico. La presunta ventaja depende de si los agentes incluidos en la corrupción son suficientemente “limpios” para no defraudar a su contraparte una vez hecho el pago. No obstante, como las “igualas” de corrupción no pueden ser llevadas a la justicia si no son cumplidas, existen asimetrías e ineficiencias que hacen que los pagos de sobornos no puedan ser considerados como pago duro (Shleifer y Vishny, 1993). Osterfeld (1992) señala que en una economía demasiado regulada, la corrupción toma una forma expansiva (incluye actividades para aumentar la flexibilidad y competitividad de la economía) y otra restrictiva (limita las oportunidades de intercambio y beneficio social). La segunda es la causa directa de ineficiencias y distorsiones en la economía y la primera sería la positiva al “engrasar sus ruedas y engranes”. Se olvida que las firmas más interesadas en pagar sobornos son aquellas que más se benefician de la corrupción y del rentismo y no las más eficientes desde un punto de vista productivo (Goodman, 1990). En este contexto, mediante la corrupción los empresarios privados capturan y mantienen posiciones de privilegios (frecuentemente monopólicas) en la economía. Al mismo tiempo, los políticos corruptos se sirven de los recursos corruptos para continuar monopolizando la generación de regulaciones (Mbaku, 1996). Posiblemente todo el aparato jurídico en México obedece a la premisa general de “corromperse en normalito”, con la ley bajo el brazo.

Se dice que el soborno reduce las demoras en la cola de espera económica e incentiva a los funcionarios. El problema es que las instituciones también son corrompidas. En un enfoque equilibrado, Acemoglu y Verdier (2000) revelan una compensación en los beneficios de disminuir la corrupción pública, reduciendo la intervención del Estado en la economía, pero salvaguardando cierta injerencia para resolver fallas del mercado. Reconocen los beneficios y las desventajas de la intervención del Estado en la economía, ignorando la corrupción en la esfera privada y las externalidades negativas de la misma en cualquier contexto. El argumento de que un soborno favorece el desarrollo económico está viciado, aun cuando sea usado para evitar regulación inadecuada o excesiva. La sociedad paga el costo alternativo de dichos recursos y en las sociedades donde la corrupción es generalizada, enfrenta mayores riesgos de inestabilidad macroeconómica. La corrupción que reporta beneficios a los involucrados tiene externalidades negativas que imponen costos sociales a la comunidad, debilitando el tejido institucional del conjunto del intercambio socioeconómico. Sí fuera posible especificar derechos de propiedad individual sobre el medio ambiente, se podría demandar a los contaminadores.

Las externalidades se internalizarían y el costo social de la contaminación se transformaría en costo privado individual. Pero esta solución depende de la especificación de los derechos de propiedad individual y de la ausencia de costos de transacción. Los derechos de propiedad, definidos y protegidos no pueden ser una solución eficaz al problema de la corrupción, cuando se quebranta la institucionalidad de la propiedad y el contrato social. La corrupción crea una maraña autorreferencial en la que la solución de los derechos de propiedad pierde piso debido a la corrupción. La corrupción genera costos de transacción e incertidumbres. Coase (1988) sostiene que “los mercados requieren... el establecimiento de normas legales que rijan los derechos y deberes de quienes realizan las transacciones”. Siguiendo las máximas institucionalistas originales (Commons, 1924, Samuels, 1989), argumenta que estas normas legales no pueden surgir privadamente, requieren el sostén del Estado.

La relación de la corrupción con la economía del país se ramifica en muchas áreas y niveles. Afecta las finanzas públicas y contribuye a aumentar la desigualdad en el ingreso de la población. Cuando una nación alcanza altos niveles de corrupción y degradación institucional puede aumentar el "riesgo país", significa que cuando el gobierno, un banco o algún inversionista soliciten un préstamo internacional, pagarán un interés más alto por el uso del dinero. Afecta las decisiones de los productores respecto al esfuerzo productivo y de servicio, los objetivos que se persiguen, la misión y responsabilidad social. La corrupción es un virus contagioso, no respeta fronteras sectoriales. Implica duplicidad y reduce los niveles de moralidad y confianza. Tienta a otros con sus ganancias pecuniarias y reduce los incentivos para acatar las reglas, las prácticas corruptas se tornan irresistibles.  Se distorsiona la inversión de largo plazo, la microeconomía en la que opera la empresa privada, reduciendo su eficacia por desviar recursos de actividades productivas hacia las denominadas rentistas (especular con divisas en base a información de funcionarios) buscando ganancias rápidas y excesivas en momentos inciertos.

El rentismo ha significado un aumento en el nivel de endeudamiento del país, con su consiguiente mayor costo en el crédito, en la medida que los beneficios de actividades corruptas han sido depositados en el extranjero. Así, los negocios más rentables no dependen de la competitividad de las empresas sino de la capacidad de influir (y obtener información) en/de los responsables en la toma de decisiones sobre la regulación o el destino de los fondos públicos. Kaufmann y Wei (1999), demuestran evidencia entre el alcance de la corrupción y el tiempo que dedican los empresarios a tratar con los funcionarios públicos. Las firmas que realizaban grandes pagos en sobornos gastaban tres veces más tiempo que aquellas que pagaban sobornos pequeños. Esto produce que el costo de hacer negocios sea sustancialmente más alto, tanto por la presión en si misma que significa la corrupción, como por el hecho de que más recursos deben ser dedicados a actividades no productivas.

Es frecuente que países con alta corrupción se desarrollen y perpetúen estructuras monopólicas u oligopólicas en su mercado, en particular, cuando están cerrados a la competencia internacional. En visión opuesta Leff (1964) señala que la corrupción podría introducir un elemento de competencia en mercados monopolísticos si los potenciales entrantes sobornan a los oficiales para entrar al mercado y capturar parte de la renta monopólica. Pero, es más probable que el mismo monopolista use parte de dicha renta para evitar que otro entre el mercado. Ades y Di Tella (1997) encuentran que entre 55 países analizados los más abiertos tienden a tener menor nivel de corrupción.

La corrupción reduce el crecimiento económico a través de comprimir los incentivos a la inversión. Los negocios hechos a base de sobornos son más riesgosos que los proyectos legales, porque no hay derechos de propiedad y por lo tanto la cartera de inversiones de la economía tiene mayores niveles de riesgo. Si los negocios se obtienen por conexiones o pagos ilegales, se desincentiva la entrada de potenciales empresarios a los mercados. La calidad de la competencia se deteriora, precisamente porque los únicos interesados son los que tienen mayor habilidad para la corrupción y no los más eficientes. Los proyectos corruptos se convierten en competidores desleales, desplazan frecuentemente a otros de inversión mejores que maduran lentamente.

La evidencia de Mauro (1995) en una muestra de 68 países en el período 1970-85, numera la relación significativa: entre mayor corrupción, menor inversión doméstica. En términos cuantitativos, un país corrupto podría tener niveles de inversión hasta 5% del PIB menos, que países sin corrupción, lo que se traduce en pérdidas de crecimiento de largo plazo de más de 0.5% del PIB por año. Se concluye que la corrupción afecta negativamente el crecimiento económico a través de su impacto sobre la inversión. Wei (1999), por otro lado, encuentra evidencia que la corrupción reduce la inversión extranjera directa, actuando como un impuesto (o seguro) equivalente de hasta 20% sobre el retorno de un proyecto.

Un efecto derivado de esta economía fue el freno a la innovación y al desarrollo creativo a causa de la corrupción. Existe creciente cuestionamiento ético y legal sobre los entes productores de tecnología, la propiedad intelectual, la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas porque deben pagar sobornos para implementar sus creaciones e inventos (permisos, patentes, etc.), además de un tortuoso trámite, por lo que las firmas prefieren sobornar para mantener su competitividad (consiguiendo protección arancelaria o créditos subvencionados) que en desarrollar nuevos productos o procesos productivos. Así pues los innovadores son presa fácil de los oficiales públicos corruptos. Otro efecto fueron las externalidades negativas que atravesaron las fronteras sectoriales, debilitaron las normas legales y morales y facilitaron actos corruptos en conjuntos muy vulnerables. Aumentó la pobreza urbana y rural, ya que los pobres no cuentan con medios para acceder a los beneficios del soborno y la corrupción. En consecuencia, los pobres cuentan con servicios sociales de menor calidad; la inversión en infraestructura actúa en contra de sus necesidades y beneficios; enfrentan impuestos injustos, son desfavorecidos en la venta de sus productos agrícolas, les expropian tierras y recursos.

La corrupción lastima la procuración e impartición de justicia, generando más corrupción, promoviendo la impunidad, limitando la capacidad de los gobiernos para combatirla, que de no detenerse se volverá incontrolable. Es secuela del alto costo de la legalidad. Porque la ley no es gratis, ni neutral en México. Tiene costos y beneficios. El costo se mide en dinero, en la cantidad de tiempo y de información necesaria para cumplirse. Las denuncias y los juicios pueden tardar años. Sólo se cumplen las leyes cuyo beneficio sea mayor que su costo, que demanden una cantidad de tiempo e información menor que el beneficio previsto por el ciudadano para cumplirlas. Si la ley exige mucho tiempo, la gente no la cumple, tampoco si exige mucha información.

El costo de la legalidad es inversamente proporcional al ingreso de la población. A los ricos la ley les es más barata que a los pobres. Los ricos sacrifican menos ingresos para cumplirla; los pobres tienen que sacrificar cosas significativas, más tiempo e información. Estos costos son fundamentales para entender el problema de la corrupción de la altamente discriminatoria justicia mexicana.

Se suponía que los programas de liberalización económica y de privatización impulsados en los 80s en países en desarrollo y del mundo poscomunista, desmantelarían el rentismo, el sistema de sustitución de importaciones, el estatismo y la corrupción. Bajo el argumento de Rose-Ackerman (1999) “la privatización en un país puede disminuir algunos tipos de corrupción estatal reduciendo el papel económico del Estado”, la evidencia indica que tal proceso privatizador acrecentó la oportunidad para que particulares corrompieran a los funcionarios del Estado. Y en muchos países de entre los funcionarios públicos surgieran nuevos millonarios de este proceso. La corrupción permanente en las economías de transición lo constata a pesar de la reducción del tamaño e injerencia del Estado. Las economías fueron privatizadas, los mecanismos de mercado fueron aceptados, los regímenes comerciales y financieros desregulados, no obstante, estos cambios no parecen haber disuelto las coaliciones distributivas (Schamis, 2009). Solo las reestructuraron cuando el poder económico del Estado fue cedido a los mercados y a la propiedad privada. No funcionó la visión tradicional de la mecánica de los mercados, en los que los precios actúan como factor de asignación de recursos, sobre la base de lograr la máxima satisfacción de los consumidores al mismo tiempo que máxima utilidad para los productores. Muchos precios que pagamos reflejan la capacidad de la relación del productor (para quien si funciona) con el poder de quienes los imponen y vigilan.

Desde Rusia hasta Argentina, de México al Medio Oriente, las reformas económicas se llevaron a cabo a puerta cerrada y con mecanismos opacos. En Rusia hay evidencia de que la corrupción aumentó dramáticamente en los años 90s a pesar de la privatización general (Levin y Satarov, 1991). El caso de México es paradigmático, varios rubros condujeron a monopolios y oligopolios en comunicaciones, minerías, la privatización bancaria con todo y el rescate obtuso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). En muchos países, tales reformas han significado un gran costo social en forma de menores salarios reales, menores recursos para la gestión pública y menores servicios. En este contexto, los incentivos a la corrupción aumentaron.

Como señala Jonathan Hopkins (2002), la estrategia contra la corrupción que defienden los economistas de esta corriente privatizadora y neoliberal, de la reducción del papel del Estado en la vida económica para dejarla en manos del mercado, han provocado que algunos gobiernos enfrenten restricciones para financiar su ineficiencia con ayuda externa, a su vez esas transferencias internacionales han incentivado la corrupción. En los últimos años se busca en estos países una transformación economía política en una suerte de auto colonización, desestatizando el derecho, por medio de ello la soberanía, la autoridad de los gobiernos para que nuevas reglas legales garanticen los contratos internacionales de inversión y explotación. En esta transnacionalización del derecho se deconstruye el significado de la soberanía, del termino nacional-estatal. Incluso que los haga renunciables y sustituibles.

En este proceso iniciado hace 30 años no funcionó la premisa de Mandeville, “Todas las personas son egoístas, buscan satisfacer su particular interés, el secreto está en convertir estos vicios privados en virtudes públicas, que cada persona al buscar su propio beneficio, sirva sin querer al beneficio de los demás”. La proposición concerniente al papel del Estado y la interpenetración de las instituciones (públicas y privadas) en una economía de mercado, quedó sin bases a quienes limitan la corrupción al sector público. Se subestimó el papel y el alcance de la corrupción en el sector privado. La corrupción es un fenómeno institucional que afecta a ambos, la privado y la público, entrelazados e inseparables.