El senador panista Fernando Yunes Márquez propuso reformas al artículo 72 
de la Constitución, a fin de hacer más eficiente el proceso de 
dictaminación de iniciativas en el Congreso, y así evitar la llamada 
“congeladora legislativa”.

“La iniciativa que se propone tiene como objetivo principal hacer mucho 
más eficiente el proceso legislativo; en la actualidad, los términos 
perentorios para la elaboración de los dictámenes producto de las 
iniciativas propuestas por los legisladores se encuentran contemplados en 
los reglamentos de las cámaras del Congreso de la Unión, sin embargo, es 
de todos conocido, que dichos términos en muchas ocasiones no se respetan 
por diversas razones, y a pesar de que los reglamentos contemplan distintas 
alternativas para ampliar los términos, muchas veces dichos plazos se 
cumplen, y no se llevan a cabo los dictámenes correspondientes”, expuso.

El Congreso, agregó, está muy lejos de los mexicanos, la distancia a veces 
parece cada vez mayor y es necesaria una reforma constitucional que haga 
más eficiente el proceso legislativo, y que las iniciativas que presentan 
los representantes populares lleguen en un determinado tiempo al Pleno para 
su discusión y aprobación.

“Hemos visto que los plazos establecidos en los reglamentos interiores no 
bastan, por ello se propone llevar dichos plazos a la Constitución, para 
que sea nuestra ley suprema quien nos mandate a hacer nuestro trabajo por el 
cual los ciudadanos nos eligieron”, explicó.

El legislador por Veracruz consideró que la comúnmente llamada 
“congeladora legislativa” continúa siendo un grave problema en el 
Congreso de la Unión, lo que sin duda genera zozobra y desconfianza en la 
ciudadanía.

Subrayó que prácticamente todos los sondeos realizadas por las principales 
casas encuestadoras del país coinciden en que el Congreso de la Unión es 
la institución pública peor evaluada, y por el contrario, el Ejército y 
la Marina son las mejores evaluadas, lo cual, sostuvo, debe preocupar a 
todos los actores políticos que participamos en la democracia mexicana.

“Queda claro que estas encuestas deben preocuparnos, pero sobre todo 
ocuparnos para regresar confianza a la ciudadanía, ya que nuestra función 
como legisladores, es trascendental para que México sea verdaderamente un 
país de Estado de Derecho con los ordenamientos jurídicos necesarios que 
cimenten la construcción de un México fuerte. Sólo un país de leyes 
puede ofrecer seguridad, estabilidad, oportunidades, atraer inversión y 
generar las condiciones para que los mexicanos vivamos mejor”, afirmó.

Precisó que en la Cámara de Diputados, de mil 856 iniciativas presentadas 
en lo que va de la LXII Legislatura hay 975 pendientes, lo que representa el 
52 por ciento, es decir, prácticamente la mitad de las iniciativas 
presentadas siguen pendientes de su dictamen y votación, tanto en 
comisiones como en el Pleno.

Dijo que  en la Cámara de Senadores, de 933 iniciativas presentadas hay 823 
pendientes, lo que representa tan sólo el 12 por ciento de iniciativas 
dictaminadas, es decir, de cada 10 iniciativas sólo 1 es finalmente 
dictaminada y llevada al Pleno.
Por ello, acotó, la reforma que impulsamos considera lo siguiente:

Que todo proyecto de ley o decreto, en ambas cámaras, deberá discutirse en 
un término no mayor a 60 días naturales; que todo proyecto aprobado en la 
Cámara de origen pasará para su discusión a la otra de inmediato; que 
todo proyecto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto 
con sus observaciones a la Cámara de origen, y ésta deberá discutirlo en 
un término no mayor a 30 días naturales, si es confirmado por las dos 
terceras partes del número total de votos, pasará a la Cámara revisora de 
inmediato.

Asimismo, continuó, se plantea que el proyecto deberá ser discutido por 
ésta en un término no mayor a 30 días naturales, y si el proyecto es 
desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá de inmediato 
a la de origen con las observaciones que haga la Cámara revisora, y ésta 
deberá discutirlo en un término no mayor a 15 días naturales, y si 
examinado de nuevo es aprobado por la mayoría absoluta de los miembros 
presentes pasará a la Cámara que lo desechó de inmediato.

En este caso, matizó Yunes Márquez, dicha Cámara tendrá un plazo no 
mayor a 15 días naturales, y si es aprobado pasará de inmediato al 
Ejecutivo para continuar el proceso legislativo; por último, si un proyecto 
es desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, 
la nueva discusión de la Cámara de origen deberá hacerse en un plazo no 
mayor a 15 días naturales, y si es aprobado pasará de inmediato todo el 
proyecto al Ejecutivo para la continuación del proceso legislativo.

“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora, son aprobadas por la 
de origen, volverá de inmediato a aquélla para que tome a consideración 
las razones de ésta, y si en un término de
15 días naturales se desecharan en esta segunda revisión dichas adiciones o 
reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por las dos Cámaras, se 
pasará de inmediato al Ejecutivo para seguir el proceso legislativo”, 
refirió.

La iniciativa que se propone, concluyó, busca dar certidumbre al proceso 
legislativo contemplado en el artículo 72 de la Constitución y tiene como 
propósito principal dignificar la función de legislador, y de esta manera 
hacer un Congreso de la Unión mucho más ágil y eficiente, cumpliendo con 
las exigencias que requieren los mexicanos.

La propuesta del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y 
dictaminación.