La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna advirtió que, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos que corresponden exclusivamente a Pemex, se les aplica el mismo régimen fiscal depredador que ha ocasionado la quiebra financiera de esta empresa y que no pueda llevar a cabo las inversiones necesarias para el desarrollo del sector. "En contraste, para los contratos que se celebren con empresas privadas se establece un régimen fiscal mucho más benigno. La diferencia entre ambos regímenes implicará necesariamente que Pemex no pueda competir con las empresas privadas", añadió. La legisladora perredista consideró que la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos abre la posibilidad de migración de las asignaciones a contratos. "Sin embargo, en este caso, los contratos también serán sujetos de licitación y dadas las precarias condiciones operativas, tecnológicas y financieras que de manera deliberada se han impuesto a Pemex y que se le seguirían imponiendo, le será imposible participar exitosamente en dichas licitaciones". "Esto implicará necesariamente la desaparición paulatina de la empresa pública y con el tiempo el sector de los hidrocarburos estará totalmente en manos privadas", alertó.

Padierna Luna refirió que en la iniciativa que envió el Ejecutivo federal se establecen cuatro tipos de contrato: licencia, utilidad compartida, producción compartida y servicios. "Se deja abierta la posibilidad a otros tipos de contrato sin definirlos. En la Ley de Hidrocarburos se omite la definición precisa de cada tipo de contrato y se deja a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía la decisión en forma totalmente discrecional del tipo de contrato que determinen para cada campo". A consideración de la también integrante de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, las enormes diferencias entre los regímenes fiscales de las asignaciones y los contratos provocarán, además de la muerte de Pemex, un importante impacto negativo en las finanzas públicas, sin que se vislumbren efectos positivos para el desarrollo del sector energético y mucho menos para los consumidores.