Sen. Dolores Padierna Luna: Senadoras, senadores, en 1989, año que coincide  con la caída del Muro de Berlín y el fin de la disputa por el control  armamentista en el mundo, el G7, la cúpula de las potencias económicas  crearon el GAFI, el Grupo de Acción Financiera  contra el lavado de dinero,  organismo dedicado a palomear aquellas naciones que a su criterio promuevan  el lavado de dinero y que financien el terrorismo.     Para nadie es un secreto que desde el fin de la Guerra Fría la potencia  norteamericana creó nuevos  enemigos geopolíticos para continuar  alimentando su carrera armamentista, el espionaje y la injerencia en los  países.   En 2001 tras los atentados en las Torres Gemelas, Estados Unidos globalizó  su guerra contra el terrorismo porque consideró que el nuevo enemigo para  su hegemonía ya no era  una potencia militar sino decenas de grupos  radicales.   Con ese argumento ordenó las dos invasiones más cruentas de la última  década: la de Afganistán  y la de Irak; creó también otro enemigo: las  drogas y con ello vino el incremento de la violencia derivada de una pésima  y mal diseñada guerra contra las drogas; otro de los enemigos globales de  la derecha norteamericana que han repercutido en México de la manera más violenta y sangrienta de que se tenga memoria en la etapa reciente.   El GAFI comenzó a promover legislaciones nacionales para homologar la  penalización de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.   En todos estos años, el GAFI nunca ubicó a México como un país que  estuviera en su llamada lista roja, la lista roja es para los países más  peligrosos; todavía en febrero de 2013 en esa lista roja ubicaron a Irán o  a Corea del Norte, encabezando esta lista; en la lista negra, es decir, los  países que están en alerta de acuerdo al GAFI señalaron a trece países a  Ecuador por andar defendiendo su petróleo, a Etiopia, a Indonesia, a  Myanmar, a Nigeria, a Pakistán, a Tanzania, a Turquía, a Vietnam y a  Yemen, porque a criterio del GAFI estos países presentaban deficiencias o  no habían comprometido con el GAFI a solucionar esas  deficiencias,     México tampoco ha estado en la lista gris, en la lista gris se ubica a los  que países bajo vigilancia del GAFI como si fueran el dios del mundo;  no  se están reclamando cardos urgentes en materia prevención, en prevención  al terrorismo, ¿cuál es la prisa de votar este dictamen a mata caballo,  violando las normas del Senado?,  ¿por qué México tiene que estar  obedeciendo los dictados de las potencias?, ¿que prisa tienen por entregar cuentas al GAFI si México no está en ninguna lista de países terroristas?   En junio del 2013 el Ejecutivo federal presentó una serie de formas y  adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos    Penales y a la Ley Federal de Delincuencia Organizada entre otras en materia  de terrorismo.   El 3 de diciembre, la Cámara de Diputados  discutió y aprobó esta serie  de modificaciones con el voto en contra del PRD, del PT y del Movimiento  Ciudadano porque esta legislación encubre grave riesgos para nuestro país.   Debemos señalar que las leyes internacionales marcan como destinatarias las áreas de aeronáutica civil, de energía nuclear, de minerales  radioactivos, de rehenes que podrían poner en riesgo la seguridad nacional.   En la legislación internacional nada se dice de particulares porque el bien  jurídico tutelado es el Estado, no los particulares; la urgencia del  gobierno federal y de la ultra derecha proyanquista que han apostado por una  restauración autoritaria en el país presiona ahora al Senado de la  Republica para aprobar esta minuta que implica serios riesgos porque tiende  a criminalizar la protesta social.   Es muy grave que se haya borrado un párrafo, el último párrafo del  artículo 139 del Código Penal Federal que disponía una excluyente al  terrorismo: “no se considerara como acto terrorista las manifestaciones de  grupos sociales en el ejercicio de sus derechos constitucionales”,  este  párrafo se borró porque y así se dejó claro y evidente que el derecho  constitucional a la libre manifestación y hasta la libertad de expresión  pueden perseguirse bajo el pretexto de combatir el terrorismo.   México nunca ha sido un país terrorista, nunca hemos tenido problemas de  terrorismo, nuestra leyes no tiene por qué considerar un delito algo que no  existe en nuestra realidad.   Estados Unidos sí tiene problemas de terrorismo porque es un Estado  imperialista, que invade países, que se mete en la vida interna de otras  naciones, pero México ¡no!   Nuestro problema principal como  sistema político es la captura del crimen  organizado, de algunas instituciones del Estado, de policías, de  gobernantes, de alcaldes, etcétera, la falta  de democracia y de libertades  políticas; esos son los problemas de México, lo que ha acrecentado el  autoritarismo, el presidencialismo, el control contra toda expresión de  disidencia o descontento.   Las reformas al artículo 139 y 170  del Código penal Federal no sirven  para combatir al crimen organizado porque son subjetivas, porque sobrepasan  los Tratados Internacionales que menciona el GAFI en esta materia.   En el artículo 139 se pretende incluir como tipo delictivo aquellos actos  que realicen en contra de bienes o servicios públicos o privados o bien,  contra la integridad  física o emocional o la vida de las personas, estos  elementos son muy subjetivos porque pretenden además incluir actos como la  alarma, el terror o el temor; ya hemos visto como en algunas entidades del  país, como Tamaulipas o Veracruz se ha perseguido o detenido a ciudadanos,  usuarios de redes sociales como el Twitter, simplemente por  difundir  información que a juicio del gobierno de esa entidad consideró como  “promotores del terror”.   En realidad,  se ha utilizado para perseguir e intimidar a ciudadanos, a  informadores que no comparten la visión de los gobernantes en turno.   En varias entidades del país estamos viviendo una clara restauración  autoritaria que ve en la crítica, en la movilización, en la protesta una  amenaza al control del gobierno, no ve una constatación al fracaso  de las  políticas  o la ausencia de éstas; no ve en ellas un derecho  constitucional, no ve pruebas de la diversidad o la pluralidad en un país democrático.   También, pretenden incluir en este dictamen bajo el concepto de  “promoción al terrorismo” cuando se atente contra la seguridad nacional  o se presione a la autoridad o a un particular u obligar a éste, al  particular a que tome una determinación; tal como esta la propuesta en esta redacción, hasta los grupos de autodefensa en Michoacán o los jóvenes del  Moviendo YoSoy132 que se manifestaron frente a Televisa pueden ser  considerados como promotores del terrorismo.     Cuando se habla de presionar a un particular no se aclara si es persona física o moral; más autoritaria es la reforma a la propuesta del articulo  170 de este Código Penal Federal que incluye la siguiente conducta: “al  que mediante violencia, amenaza o engaños se apodere o ejerza control  contra plataformas fijas, instalaciones o servicio de navegación, aérea o  marítima o de aeropuertos que presten  servicio a la aviación civil”;  esto no esta incluido en ninguna Convención  Internacional, es un agregado  que tiene a criminalizar cualquier protesta entorno a las plataformas  petroleras, ahora que van a ser privadas o a las instalaciones  aeroportuarias bajo este criterio el movimiento de los pilotos o las  sobrecargos de Mexicana de Aviación podrían ser acusados de terroristas;  ya no digamos el caso de los maestros de la CNTE que se manifestaron a fuera  del Aeropuerto de la Ciudad de México o los trabajadores de Pemex o de la  CFE  cuando pretendan defender su fuente de trabajo o los manifestantes de  las tiendas Soriana después del Monexgate, medidas de este tipo se  inscriben dentro creciente restauración autoritaria que vivimos en los  últimos años.   La doble alternancia y el retorno del PRI al poder con la clara alianza del  PAN no alienta a una solución democrática a salidas políticas a los  conflictos sociales, van por la vía penal.   Nosotras y nosotros en el PRD creemos en la democracia y ante retrocesos o  regresiones como estas votaremos en contra