Con la aprobación de las reformas en materia de justicia penal y de instrumentos legislativos de la democracia representativa, entre otras, la primera semana del periodo de sesiones muestra avances sustantivos, sostuvo el diputado federal Manlio Fabio Beltrones. El pronto desahogo de una docena de dictámenes pendientes nos permite confiar en que dispondremos del tiempo suficiente para procesar las normas secundarias que fortalezcan las reformas constitucionales y consoliden la transformación del país.

Cabe destacar la trascendencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que otorga certeza jurídica a los ciudadanos y fortalece su confianza en el sistema de impartición de justicia penal al establecer las disposiciones para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el cualquier parte del país, con lo cual se cierran espacios a la impunidad sustentados con argumentos de territorialidad y se evitan abusos en asuntos como la aplicación de la prisión preventiva y la orden de cateo, expresó el coordinador priista en reunión de evaluación con vicecoordinadores del grupo parlamentario.  

Hemos dado un paso decisivo en las bases jurídicas de la reforma constitucional en materia de impartición de justicia aprobada en 2008, así como en el cambio a un sistema acusatorio y oral, para garantizar el derecho a un juicio previo y al debido proceso, la presunción de inocencia y la máxima publicidad de los juicios, entre otros principios que consolidarán la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Por su parte, las reformas y adiciones a diversas disposiciones en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente fortalecerán el carácter representativo de nuestra democracia al establecer los procedimientos legislativos y requisitos para dar trámite a estas iniciativas de ley.

Por un lado, la ciudadanía contará con un mecanismo directo, ajeno a los partidos políticos, para presentar propuestas de reforma sobre cualquier materia que sea de competencia del Congreso de la Unión. Por otra parte, el Ejecutivo Federal dispondrá de la facultad de que en cada periodo ordinario de sesiones hasta dos de sus iniciativas tengan un trámite preferente, con lo cual se agiliza la relación con el Poder Legislativo, se atienden las prioridades del gobierno federal y se abona a la funcionalidad del régimen político.

Se trata de reformas legislativas de largo alcance y que implican complejas adecuaciones para su aplicación gradual en todo el país, en particular en el caso de la reforma en materia de justicia penal, cuyo límite para entrar en vigor es junio de 2016, así como de un cambio fundamental que se inscribe en la ruta de la transformación del régimen político.

La ruta de las reformas necesarias se mantiene; hay acuerdo parlamentario en el orden, el método y el ritmo de trabajo legislativo no varía, concluyó el diputado Beltrones.