Urge actualizar la legislación para evitar que los gobiernos estatales y municipales sigan autorizando permisos a diestra y siniestra para  abrir bares, cantinas, centros nocturnos o antros y giros negros que  operan en forma clandestina con la complacencia de autoridades, con el fin de combatir la trata de personas y la explotación sexual, señaló la senadora panista Adriana Dávila Fernández.           La legisladora por Tlaxcala explicó que no se trata expresamente de  una prohibición contra la proliferación de ese tipo de negocios, sino porque ya hay demasiados "antros" o "giros negros" en el país como  para que las autoridades locales permitan la apertura de muchos más.         En el caso de Chiapas, dijo la presidenta de la Comisión contra la  Trata de Personas del Senado, el Congreso Local se vio en la necesidad de reformar la Constitución estatal para prohibir los llamados Table  Dance, porque su proliferación en la entidad ya es demasiada.         Agregó que es uno de los estados con mayor vulnerabilidad para la comisión de delitos como la trata de personas y la explotación sexual, en primer lugar por encontrarse en una frontera donde el flujo de migrantes es muy elevado y eso ha permeado muchísimo en el tema  de reclutamiento y todas las formas en que la delincuencia organizada  actúa para modernizar ese delito.       También coincidió con la propuesta de la Comisión Estatal de  Derechos Humanos de Chiapas para evitar permisos para más centros  nocturnos, bares, discotecas, antros, cantinas y los llamados centros botaneros  que predominan en aquella entidad, con el fin de que no se conviertan en lugares de promoción y explotación sexual.       Sin embargo, la senadora Dávila Fernández reconoció que "el  problema es que la delincuencia organizada va un paso adelante, está por  encima de nosotros, tanto de las autoridades como de la sociedad en general  y por eso hay que analizar y buscar otras opciones".      Señaló que no se debe "satanizar" a las autoridades locales con ese problema, porque en todos los estados ese tema es diferente y que la decisión aprobada por el Congreso de Chiapas fue obligada por las circunstancias y condiciones de mayor vulnerabilidad que se viven  allá.       En el resto de las entidades federativas, expuso, lo que se requiere  es que las autoridades que se encargan de dar permisos para abrir  cualquier tipo de local, sean vigiladas de manera permanente. Insistió que ese tema legislativo debe acompañarse también con operativos policiacos más exitosos y con una política pública en la materia más avanzada por parte del gobierno federal, y eso complementarlo con la coordinación entre autoridades municipales.     La secretaria de las Comisiones de Asuntos Migratorios y de  Derechos Humanos de la Cámara Alta agregó que otro aspecto importante  sobre ese tema debe ser el combate a la proliferación de antros que operan en forma clandestina en todo el país, donde se cometen delitos sin la actuación de las autoridades locales.     Para finalizar, la senadora Adriana Dávila Fernández indicó que "si cualquier política pública en la materia no está acompañada de responsabilidades de las autoridades correspondientes estará  destinada al fracaso; se debe buscar que las autoridades no sean cómplices de  la delincuencia organizada y que los llamados giros negros o antros  sean vigilados de manera más exhaustiva y evitando la corrupción que hoy impera".