Compra de voluntades por dinero, quedó atrás gracias a Reforma Polí­tico- Electoral: Fernando Herrera

Fecha: 04/02/2014 | Autor: Rocio Berenice Valdez Garcia | Categoría: Noticia

“Reforma Política-Electoral da certeza que nadie podrá granjearse una 
ventaja adicional a la decisión de los ciudadanos de emitir su sufragio, 
nadie podrá utilizar el dinero para comprar voluntades y manipular el 
resultado de una elección”, declaró el senador por Aguascalientes 
emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.

El legislador informó que con la aprobación de la Reforma Política en la 
Cámara de Senadores y de Diputados, así como la reciente promulgación de 
la misma por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el rebase 
de topes de campaña será ahora causa de nulidad en las elecciones.

“A aquel que se compruebe que excede del 8 por ciento del tope autorizado 
de campaña, ya sea candidato o partido, esa sola causal será determinante 
para la nulidad de la elección”, precisó el vicecoordinador de la 
bancada panista en el Senado de la República.















Detalló que para operar esta modificación a la ley, se deberá dar la 
combinación entre exceder el 8 por ciento el tope de campaña y que la 
diferencia sea menor del 8 por ciento de votación entre el primer y segundo 
lugar.

Calificó como un paso importante para la democracia, el que ahora el rebase 
de topes de campaña sea causal de nulidad, y no como anteriormente que 
sólo se aplicaba una multa a los partidos políticos.

Fernando Herrera Ávila indicó que el trabajo realizado por la bancada de 
Acción Nacional en la búsqueda de generar condiciones de transparencia y 
equidad en las elecciones para construir una democracia más madura y 
sólida en el país, fue arduo y de muchos años. 

Para concluir, dio a conocer que luego de ser declarada Constitucional la 
Reforma Política-Electoral, el Congreso de la Unión tiene 120 días para 
hacer las modificaciones al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE) con el objetivo de establecer una Ley 
General de Partidos que habrá de aplicarse en todos los estados.

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