Durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXII Legislatura, el Senado de la República trabajó con profesionalismo y carácter, en el ánimo de lograr los cambios necesarios para construirle un piso firme a la transformación de nuestro país. Es por ello que, en congruencia con el objetivo de perfeccionar el modelo de democracia en México, se planteó una reforma constitucional en materia de transparencia que fue aprobada  por el Congreso de la Unión. 

Se fortaleció al órgano de transparencia en el país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al dotarlo de autonomía constitucional y extendiendo sus facultades, entre las que destacan, la ampliación del abanico de los sujetos obligados al principio de máxima publicidad y, la creación del Instituto de Protección de Datos Personales. 

Un dato interesante al respecto es que según la Encuesta Mundial de Valores, la confianza ciudadana en México es casi inexistente. Por mencionar algunos ejemplos significativos, vale la pena destacar que apenas el 5.2% de los mexicanos confía en los sindicatos y que el 55.3% de los mexicanos no confía nada o casi nada en el gobierno; asimismo, los partidos políticos, presentan niveles muy altos de desconfianza ciudadana, con un 76.1% de personas que no confían nada en estas organizaciones. 

Con la reforma de transparencia, ahora los sindicatos, los partidos políticos, los gobiernos a nivel municipal y estatal, los fideicomisos así como toda persona física o moral que reciba recursos públicos, serán sujetos obligados a transparentar su información. 

Las únicas excepciones son la Consejería Jurídica de Presidencia y el Banco de México, quienes podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, cuando consideren que una resolución del IFAI atente, ya sea contra, la seguridad nacional o la estabilidad económica, respectivamente.

Es muy importante señalar que la reforma en materia de transparencia se vincula fuertemente con la funcionalidad del sector más estratégico de nuestro país: el energético.

Los legisladores tuvimos especial cuidado en asegurar que la modernización de la industria energética, fuera acompañad de mayor transparencia de sus procesos y rendimientos, por ser un tema de interés general para la nación.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma energética, por lo que todas las actividades en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos deberán atender a los principios de máxima transparencia. 

Desde luego, el fideicomiso público denominado "Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo", encargado de administrar los recursos petroleros, no será la excepción, toda vez que habrá de publicar por medios electrónicos y al menos de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y contratos realizados por el Estado mexicano en la materia.

Adicionalmente, la ley reglamentaria regulará que los contratos contengan cláusulas de transparencia que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; en este sentido, se deberán divulgar las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos que se realicen, junto con  la vigilancia de un sistema de auditorías externas que permitan conocer los costos de los contratos y la contabilidad involucrada al respecto.

Con ambas reformas, la de transparencia y la energética, contribuimos para hacer de México un país más incluyente y próspero. Con esa misión, desde el Senado de la República, cumplimos con un año más al servicio de la gente con un gobierno más transparente.