Por César Camacho*
Publicado el 17 de diciembre en El Universal.
Aprobadas las reformas transformadoras que México requería desde hace lustros, con las ideas y el respaldo de diversas fuerzas políticas que lo mismo han ayudado a subrayar nuestra vocación social, que a liberar el potencial de nuestra economía, se hacen más evidentes los rasgos de un Estado social y democrático de derecho; un Estado que al revindicar esas tres características, recupera lo mejor de las tradiciones liberal, social y democrática que determinan la cultura política nacional que compartimos.
Del texto constitucional reformado, el nuestro resalta como un país más solidario con la población menos favorecida; un régimen que busca equilibrar la relación entre gobernantes y gobernados, para hacerla más horizontal, transparente y sobre todo eficaz; una nación consciente de sus necesidades que ha decidido resolverlas echando mano de sus propios recursos, en el doble sentido de esta expresión. Por un Estado así en lo social, lo político y lo económico, hemos pugnado históricamente los priistas, y más recientemente lo hemos actualizado en nuestros documentos básicos.
A esa lógica obedecen todas las reformas aprobadas. Cada una de ellas posee un gran valor intrínseco, es relevante por sí misma y se puede aquilatar en sus respectivos méritos; pero la ponderación más objetiva de las reformas no será la que se haga de cada árbol en lo individual, sino la que resulte del análisis del bosque en su riqueza; la de las reformas en su conjunto, cuando, como engranes de una maquinaria, cada una cumpla su propósito, beneficie a un importante sector de la población y, al hacerlo, influya con armonía y sistematicidad, en las otras, para poner en movimiento a México.
Sabiendo que, país que no avanza retrocede, los mexicanos hemos decidido quitar el freno para liberar la economía a efecto de generar mayor riqueza, que el Estado retome su función reguladora y que cumpla su responsabilidad en tanto rector del desarrollo nacional. De esa suerte, no sólo mejore su tarea redistributiva, sino que la extienda a nuevos grupos sociales y multiplique sus beneficios, al tiempo que se someta a la evaluación ciudadana y a la transparencia y, por medio de ambas, al control y a la participación social; rasgos inequívocos de un Estado democrático.
El tipo de Estado que el país requiere debe ser fuerte, no omnipotente; más que observador, promotor y garante de los derechos humanos. Con un gobierno que ejerza autoridad, no autoritarismo; que sea eficaz, no efectista; y al actuar, respetuoso, no medroso; al servicio de una sociedad diversa, no dividida; que sea protagonista, no antagonista en la solución de los asuntos públicos; integrada por ciudadanos bien informados, resueltos a ir tras sus esperanzas personales y que contribuyan a alcanzar las metas nacionales.
De esta suerte, el Estado mexicano refrenda el legado del liberalismo del siglo XIX, asume el compromiso social de la Revolución del siglo XX, y se compromete con la democracia del siglo XXI, la única posible, la de los resultados.
*Presidente del CEN del PRI
@CCQ_PRI
