AARÓN IRÍZAR LÓPEZ

La transparencia: eje transversal de la Reforma Energética

El Sol de México 12 de diciembre de 2013

La transparencia es un principio que debe prevalecer en todos los actos relacionados con el gobierno. Es un tema relativamente nuevo en la agenda pública de las democracias que hoy se unen en su mayoría, a una iniciativa internacional denominada: Alianza para los Gobierno Abiertos, que promueve la máxima publicidad de datos.

Al respecto, nuestro marco constitucional establece que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado conforme lo dispuesto en el artículo sexto.

 Adicionalmente, a manera de perfeccionar las normas vigentes de transparencia, el Constituyente Permanente modificó la Constitución federal, para ampliar el abanico de sujetos obligados, entre los que se encuentran los fideicomisos y fondos públicos. Se otorgaron facultades excepcionales a la Consejería Jurídica del Gobierno y al Banco de México para interponer controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando consideren que las actuaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, IFAI, interfieren en su correcta labor.

En este contexto, los legisladores aseguramos que en la Reforma Energética se integrará de manera transversal la obligación de atender a lo dispuesto por la Constitución en materia de transparencia, en todos y cada uno de los contratos que suscriba el Estado.

De tal manera que, sin excepción alguna, todos los contratos, en cualquiera de sus modalidades, deberán observar el principio de máxima publicidad y establecer cláusulas que posibiliten la consulta inmediata y sin mayor requisito por parte de cualquier persona interesada. En este tema de suma trascendencia, el Poder Legislativo se aseguró de que el Fondo Mexicano del Petróleo (responsable de administrar y realizar los pagos de los referidos contratos) se estableciera como un fideicomiso público que comenzará sus operaciones en el año 2015.

El Fondo deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos de manera trimestral la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y los contratos relativos a la electricidad, el petróleo y demás hidrocarburos.

Aún más, en abono al manejo cuidadoso del Fondo, también se aprobó que contará con un Comité Técnico, entre los que estarán los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, del Banco de México y dos personalidades independientes, propuestas por el Ejecutivo Federal que deberán ser ratificadas por el Senado.

No hay lugar a dudas, refrendamos el compromiso del Poder Legislativo con la transparencia, pues también los fideicomisos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; de la Comisión Reguladora de Energía y, de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, estarán obligados a acatar el principio de máxima publicidad, respecto a los recursos que reciban del Fondo para el cumplimiento de sus funciones.

Estas líneas serían sólo una exposición de una breve pero importante parte de la Reforma Energética, sin embargo, su trascendencia estriba en que incluso a nivel internacional, estudios de la organización Transparencia Internacional demuestran que a pesar de la existencia de muchos países ricos en petróleo y gas, registran al mismo tiempo, algunas de las sociedades más pobres en el mundo, lo que significa que, las ganancias de los recursos naturales de esas naciones se conservan en las élites y no se socializan sus beneficios.

Sin contar que la regla mundial en el sector energético es que las compañías protejan las identidades de sus inversionistas y de sus subsidiarios, incentivando, así, una cadena de prácticas corruptas.

Afortunadamente en México nos adelantamos a ello, sin que signifique la imposibilidad de perfeccionar el modelo de la política de datos abiertos en el sector energético una vez que inicien las operaciones en el nuevo esquema que brinda mayor competitividad a nuestro país. Senador de la República por el estado de Sinaloa.
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