La Ley de Ingresos de la Federación ocurre en un escenario de profunda desaceleración económica con todos los indicadores a la baja, finanzas públicas con caídas de ingresos tributarios y subejercicios en el gasto. Se autorizan ingresos por cuatro billones 467 mil millones de los cuales un billón 770 mil millones son impuestos. Los impuestos son siempre mal recibidos pero esta vez son, además, inoportunos. Una economía de nulo crecimiento en un proceso de recesión, la población y las empresas no están en condiciones de pagar más impuestos, menos aún si no se resuelven las enormes deficiencias del sistema recaudatorio, los tratamientos especiales para grandes contribuyentes, las enormes devoluciones de impuestos, las compensaciones y los créditos fiscales. La consolidación fiscal permite a los grandes corporativos pagar cifras ridículas a la hacienda pública. No se eliminó, solo cambió de nombre, y este régimen especial cuesta al erario 750 mil millones de pesos. Las devoluciones de impuestos registran 346 mil millones de los cuales 275 mil millones corresponden a IVA a grandes contribuyentes. Las compensaciones suman 557 mil millones de pesos, los estímulos fiscales fueron de 33 mil 363 millones y los créditos fiscales ascendieron a 625 mil millones de pesos, es decir,  se cobran impuestos a trabajadores asalariados, a pequeñas y medianas empresas para luego devolverlos, o condonarlos, a determinados contribuyentes privilegiados. Las colosales cifras descritas son pérdidas tributarias que bien podrían servir tanto para evitar nuevas cargas fiscales para los contribuyentes cautivos, como para impulsar el desarrollo de México. Mientras no se resuelvan estas desviaciones del sistema fiscal mexicano, por más impuestos que cobren, nunca se van a elevar los impuestos tributarios. Estamos ante un barril sin fondo que es necesario tapar.