El acceso a la salud es condición indispensable para garantizar una vida digna, no solamente porque representa un acto de justicia social -principalmente con las poblaciones más vulnerables-, sino también porque otorga una enorme posibilidad de abatir la pobreza y marginación.

En nuestro país los servicios de salud son insuficientes. Las estadísticas muestran que más de la mitad de los mexicanos no tiene acceso a la seguridad social, es decir, no tiene derecho a ser atendido en el IMSS, ISSSTE ni en el Seguro Popular. Peor aún, las personas que están inscritas en estas instituciones, en muchas ocasiones, no tienen acceso a servicios de calidad debido a que las unidades de salud carecen de personal médico, aparatos de diagnostico, camas y demás insumos curativos.

Un fenómeno que padecen los usuarios de la red hospitalaria es la negligencia médica y burocrática de algunos malos elementos. Por ejemplo, son lamentables los casos de las mujeres en los estados Oaxaca y Puebla que tuvieron que parir en los jardines de los centros de salud. También el caso del jornalero agrícola en el estado de Sonora que murió debido a que no recibió asistencia hospitalaria oportuna.

Un problema adicional que afecta a todo el sistema nacional de salud, es el desabasto de medicamentos en los hospitales por la ineficacia que prevalece en la distribución de los mismos. En ese sentido, a partir del ejercicio fiscal 2014, la Secretaría de Salud -y no los estados y el Distrito Federal-, será la única instancia autorizada en la compra y distribución de los medicamentos. Un paso fundamental si consideramos que se evitará el robo, los contratos irregulares, y los problemas de desabasto de las unidades médicas.

Es una realidad que el actual sistema de seguridad social en nuestro país es excluyente, debido a que únicamente las personas con trabajo formal tienen acceso al cuidado integral de la salud; más grave aun, tenemos un sistema de salud fragmentado en diversas instituciones -federales y estatales-, lo que genera duplicidades en los servicios, un padrón poco confiable de beneficiarios y altos costos burocráticos.

Las anteriores problemáticas ponen de manifiesto la necesidad de que el Estado mexicano -a través de los tres órdenes de gobierno- redefina de inmediato la política pública para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud.

A 11 meses de haber iniciado su gestión, el Presidente Enrique Peña Nieto tomo cartas en el asunto, a través de la titular de la Secretaría de Salud -Dra. Mercedes Juan López-, anunciando que llevará al Congreso de la Unión lo que será, sin la menor duda, la transformación más importante que se haya realizado en las últimas tres décadas: la universalización de los servicios de salud. 

Una reforma que no solamente aumentará la cobertura y la infraestructura hospitalaria, sino también la calidad en la prestación del servicio. Los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión tenemos la obligación de apoyar esta causa noble, la cual, entre otras cosas, garantizará que los mexicanos no gasten ni un peso más en el cuidado de su salud.