El senador por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Tello Cristerna, habla del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

“Nuestra Constitución Política, en su artículo 40, establece el carácter federal de nuestra organización, y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un Gobierno federal, y los gobiernos de los estados miembros”, señaló el senador.

Así mismo expresó que el federalismo, como forma de gobierno, añade al modelo republicano de división de poderes, una separación territorial de atribuciones y de autonomías determinadas que usualmente se expresan como soberanía.

“Las precisiones sobre las facultades y atribuciones del Congreso de la Unión respecto del tema del federalismo, se encuentran contenidas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna”.

Entre éstas, destaca la de expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, particularmente, en el ámbito de coordinación fiscal.

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y demarcaciones del Distrito Federal, estableciendo la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales.

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como finalidad establecer los criterios generales que regirán la contabilidad de los gobiernos y la emisión de informes financieros de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

El presente dictamen propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de estos dos ordenamientos, con el fin de fortalecer la capacidad financiera de los tres órganos de gobierno, robusteciendo los incentivos recaudatorios de las entidades federativas y municipios que se otorgan mediante los fondos de participaciones federales.

Esto descansa sobre los siguientes puntos: primero, transparenta y hace más eficiente el financiamiento de la educación básica y normal, así como el gasto operativo asociado a la misma.

 El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto operativa FONE, sustituye al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB, mediante el cual la federación lograra un adecuado control administrativo y operativo de la nómina de los maestros descentralizados.

La Tesorería de la Federación realizará los pagos por cuenta y orden de las entidades federativas, al personal educativo a partir del año 2015, previa conciliación de la nómina entre la Secretaría de Educación Pública con las entidades federativas durante el año 2014, con lo cual se otorgará mayor transparencia y orden en el ejercicio del gasto.

 La federación reconocerá en el pago de los maestros descentralizados las prestaciones que las entidades federativas hayan otorgado con anterioridad a estas plazas, garantizando por completo los derechos de los trabajadores.

Para 2015, una vez concluida la conciliación de la nómina educativa, entrará en vigor un fondo de compensación para aquellas entidades federativas que el valor de los recursos que recibían del FAEB, sean mayor a los recursos que se otorgan ahora mediante el FONE. 

Vale la pena recalcar que el FONE no trastoca el régimen jurídico laboral, ni invade la soberanía de los estados. El estado sigue siendo el patrón, siempre se ha pagado con recursos federales. Lo que requerimos es orden.

En el año 2012 se pagaron por este concepto más de 311 mil millones de pesos, y por otro lado, hablando de la calidad de la educación, es precisamente esos estímulos que vienen por otras vías, vienen vía el Presupuesto de Egresos de la Federación, y son mayores a 34 mil millones de pesos que vienen en calidad de la educación, en equipamiento y en edificación.

Segundo, se refuerzan los incentivos al fortalecimiento de los ingresos propios y la recaudación local, así como su medición, transformando el Fondo de Fiscalización en Fondo de Fiscalización y Recaudación, el cual sustituye las variables asociadas a la recaudación del régimen de pequeños contribuyentes.

Tercero, se fomenta la recaudación eficiente de impuestos y un mejor empleo de las bases gravables.

Cuarto, se impulsa un federalismo más transparente, con una mayor rendición de cuenta. Todas las dependencias federales responsables de los fondos de aportaciones darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación, las variables y las fórmulas de distribución de los recursos que se coordinen.

Quinto, se modifican los criterios de distribución y gasto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, para hacer su distribución más equitativa y su erogación más eficiente, y cabe hacer mención aquí, que se incluye en el fondo al Distrito Federal, entidad que había sido excluida con anterioridad sin perjuicio de las demás participantes. Sexto, las entidades federativas participarán al 100 por ciento de la recaudación que obtengan de los impuestos sobre renta que se entere a la federación, correspondientes al salario del personal que preste su servicio subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o de la demarcación territorial. 

Séptimo, se promueve la regularización del pago de derechos y aprovechamiento de aguas nacionales mediante la aplicación de pagos corrientes a los adeudos generados hasta diciembre del 2013.

Octavo, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, y de Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, FASP, podrán ser potencializados hasta en un 25 por ciento más con base en un convenio con el Gobierno federal.

Noveno, se facilita el mecanismo de financiamiento a través del mercado bursátil.

Décimo, se incluye la obligación para que los gobiernos de las entidades publiquen en internet, el calendario de entrega, porcentajes y fórmulas.

Onceavo y último, para fomentar la estabilidad de las haciendas en las entidades petroleras, se permite la creación de un rubro de estabilización.

Compañeras y compañeros senadores: 

El Partido Revolucionario Institucional apoya y votará a favor de este dictamen que modifica el articulado de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues estamos convencidos que en este país se necesita avanzar hacia estadíos de progreso y desarrollo, no podemos seguir esperando.