Senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD: En efecto, solo quedan unos días para llegar a la fecha límite que marca la ley que es el 20 de octubre para que sea aprobada, al menos, la Ley de Ingresos, por eso es necesario fijar posición ante la reforma hacendaria que, una cosa es lo que se presenta ante los medios de comunicación y otra la que se lee en los documentos presentados por el poder Ejecutivo.
El gobierno de Peña Nieto ofreció una reforma fiscal con carácter social, promovió como logro propio el que no haya IVA en alimentos y medicinas, incorporó e hizo suyas propuesta de la izquierda como el seguro del desempleo, pensión universal para los adultos mayores; pero del análisis puntual del paquete de iniciativas presentadas no se trata de una reforma con carácter social, sino un paquete fiscal regresivo y recesivo porque afectará más a las clases medias y a los sectores populares, a las pequeñas y medianas empresas a costa de los privilegios de los grupos empresariales que consolidan.
Es simuladora porque plantea derechos de manera insuficiente a costa de otros derechos de los trabajadores, como el derecho a la vivienda.
Es mentirosa porque no desaparece el régimen de consolidación fiscal, sólo le cambia de nombre.
Es inequitativa porque beneficia más a los poderosos consorcios
extranjeros en materia de minería, telecomunicaciones y a los bancos.
Es regresiva porque generaliza el IVA a 16% en las zonas fronterizas y homologa al sector primario.
Es incongruente porque va en contra de la propia reforma constitucional en materia de telecomunicaciones al seguir privilegiado los intereses de los monopolios mediáticos.
Es inconstitucional porque establece cambios al régimen fiscal de Pemex, beneficiando a una reforma privatizadora del Ejecutivo federal al modificarse los artículos 27 y 28 de la Constitución.
Cada uno de estos rubros se desglosa según diversas leyes, de manera breve diré:
La pensión universal no es universal, ya que se acota a solo los adultos mayores que cumplan 65 años a partir del 1 de enero de 2014, todos los que hayan cumplido antes de esa fecha los 65 años no podrán tener esta pensión y de tal manera que la pensión universal llamada así, no lo es y, solamente atenderá a lo más al 4% de los adultos mayores que cumplan esa edad de 2014 y el estudio está hasta 2050.
En el caso del seguro del desempleo, es un asunto muy grave porque no está destinando el gobierno una partida presupuestal para financiar el seguro, la iniciativa dice que solo se refiere a los empleados formales, solo los que estén afiliados al IMSS y al ISSSTE y deja fuera a 30 millones de personas que constituyen la Población Económicamente Activa (PEA), es decir la PEA es de 50millones, los que están en empleos formales son solo 20 millones y sólo a ellos se va a referir esta reforma, pero de los 20 millones no todos están cotizando al IMSS o al ISSSTE, los patrones no inscriben, para eludir el pago al IMSS no inscriben a todos los trabajadores y es uno de los requisitos que pone el gobierno.
Pero, además este seguro se limita a 6 meses es decreciente, comienza siendo el 70% de lo que gana el trabajadores, el promedio de los últimos 24 meses y luego va disminuyendo y lo más grave de este seguro es que se financia con el fondo de vivienda los trabajadores, el fondo de vivienda, la aportación que dan los patrones al fondo de vivienda se reduce de 5 a 2%, el 3% restante sólo el 2 se va al fondo de seguro de desempleo y el 1% se lo queda el gobierno federal para formar algo que se llama: fondo soberano, este fondo soberano se constituye entonces quitándole a los trabajadores en 1% de las cuotas de su fondo de vivienda.
Por otra parte, desaparece, deroga el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo que estipula que todos los trabajadores tienen derecho cuando pierden su trabajo a que se les regrese la totalidad de los depósitos de su Afore, al derogar este artículo, prácticamente el gobierno está hurtando, literalmente quedándose con el recurso de estos fondo que tienen los trabajadores y que en el momento de ser despedidos no se les va a dar, sino que se los va a quedar el gobierno.
Esta el régimen de consolidación fiscal, hay 4 mil 850 empresas que están agrupadas en 422 grupos empresariales que consolidan, estos 422 grupos en promedio pagan el 1.8% del ISR, mientras que si cada una de las empresas pagara el ISR por separado, sin consolidar cada una pagaría 30% y, el incremento a la recaudación sería mayor a 600 mil millones de pesos.
El gobierno federal ofreció eliminar el régimen de consolidación
fiscal y bastaría con que cumpliera esa palabra, con eliminar el régimen de consolidación fiscal para obtener los 450 mil millones de pesos que necesita el plan de negociación de Pemex, con eso se financiaría al 100% sin necesidad de privatizar y hasta sobrarían 200 mil millones de pesos más.
Hay un asunto muy grave que es el tema de la devastación al campo, la reforma hacendaria propone homologar el ISR al 30% para la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca y todo el sector primario; sin que le interese al gobierno el diagnostico en el cual se encuentra el campo mexicano y las circunstancias en las cuales sobrevive, que está inmerso en
una importación indiscriminada, hay un nulo financiamiento en beneficio al campo, es casi simbólico el presupuesto al campo, hay altos costos de producción promovidos por la propia política gubernamental y, mientras no cambien estas circunstancias que caracterizan al campo, la intención de igual el ISR al sector primario será devastador en detrimento a la propia
recaudación.  Diré rápidamente que no hay ninguna medida en rendición de cuentas, ni disminución del gasto corriente de los altos funcionarios, de la alta burocracia, el PRI cuando gobernó el PAN fue duramente crítico del incremento acelerado de plaza de alto nivel con salarios de más de 150 mil pesos al mes que hizo el gobierno de Vicente Fox y, ahora, no solamente no quitan ninguna, no disminuyen ni un centavo, sino proponen en la reforma financiera que los servidores públicos de la SHCP, del Banco de México, de la CNBV y del IPAB ganen a valor de mercado y piden en la reforma financiera que no se respete el artículo 66 de la Ley del presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde establece que es la Cámara de Diputados la única que puede decir cuál es la percepción de todos los servidores públicos, desde el más humilde hasta el Presidente de la República, propone
también violentar la Constitución en el apartado que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, todo eso la elite financiera-económica burocrática de México va a extrapolarse los salarios y entregarnos a los legisladores el estudio del impacto del Presupuesto federal de estas medidas.
Se beneficia a los extranjeros a través de la privatización de los hidrocarburos, habría –de aprobarse esto-, una nueva ley de
hidrocarburos que los diputados, perdón, no tienen ninguna base constitucional para poder aprobar el Paquete Económico presentado por el Ejecutivo y si se viene el 20 de octubre y no ha retirado, los propios legisladores tienen toda la libertad constitucional para decir qué es lo que tiene base constitucional y qué es lo que no la tiene porque quieren meter la reforma energética por la puerta de la reforma hacendaria, presentando una nueva ley de hidrocarburos donde se establecen las regalías, los porcentajes de utilidades, los contratos de utilidad compartida como el único mecanismo de trabajo, la creación de una comercializadora que hará la venta del
crudo, una comercializadora que será contratada por la Secretaría de Energía y, también, se crea un fondo que contralará la Secretaría de Hacienda, este fondo es sin estructura administrativa y, por lo tanto, no estará bajo
la ley que regula a las empresas paraestatales, cuando un fideicomiso o un fondo del gobierno no tiene estructura orgánica no se le puede auditar, no se le puede supervisar, y ahí van a ir a parar todos los excedentes petroleros, por eso digo que no hay ninguna medida de transparencia y, al contrario, están tratando de quitar los pocos avances en materia de transparencia.
Se privilegia a las empresas mineras con solo cobrarles un 7.5%, cuando ahora se les cobra 1 pesos, 2 pesos a lo más 7 pesos por hectárea, es lo único que se les cobra: 7 pesos a lo más por hectárea, es un promedio de 5 pesos por hectárea lo que pagan los mineros, tenemos privatizado el 33% del territorio nacional, que se ha entregado vía concesiones mineras a un 95% de extranjeros porque son canadienses.
Los impuestos son regresivos, el hecho de generalizar el IVA en las fronteras, la eliminación de la exención del IVA al transporte foráneo es un impuesto regresivo porque incrementará el transporte foráneo, la eliminación de la exención del IVA en las colegiaturas, la eliminación de los REPECOS y se crea este nuevo régimen y el establecimiento de una serie de medidas impositivas que desalientan la inversión del sector inmobiliario al querer poner el IVA al sector de la vivienda.
Y, por ultimo diría los derechos a los monopolios de televisión y telecomunicaciones, en este reforma hacendaria se abren tres artículos para cobrar, cosa que nos parece correcto, cobrar el uso del espectro radioeléctrico, pero está en el primero transitorio que no se le cobrará a los medios privados, solo se le cobrará a los medios públicos y no parece que en el momento de necesitar dinero, recursos tributarios, debemos de pagar todos y no hacer privilegios para nadie